Se cumplen los 45 días para la primera evaluación a la estrategia migratoria implementada por la nación latinoamericana, a fin de contener el amago de la imposición de aranceles a todos sus productos en territorio estadounidense.
Este 22 de julio se cumplió el plazo de 45 días acordado por los gobiernos de México y EE.UU. para evaluar los resultados en estrategia migratoria de la nación latinoamericana para evitar la imposición de aranceles del 5 %, escalables a 25 %, a todos los productos mexicanos por parte de la Administración Trump.
México ha detenido solo en junio a 29.153 migrantes, es decir, prácticamente 1.000 al día, la cifra más alta para un solo mes desde 2001, cuando la Unidad de Política Migratoria de Gobernación comenzó a registrar la estadística mensual en la materia. Además, el flujo migratorio en tránsito por el territorio mexicano ha disminuido en 36,2 % en el mismo lapso, con base en cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Este lunes, tras un encuentro ayer con el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que en 45 días más volverán a reunirse para tratar el tema migratorio. “Después de 45 días se va a seguir (la estrategia) porque tenemos que controlar nuestros flujos migratorios; la Guardia Nacional es para quedarse y el Instituto Nacional de Migración tendrá que reforzarse para que sea mayor su función migratoria y menos de la Guardia Nacional”, dijo el funcionario durante la conferencia diaria del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador
De esta forma, la Administración de López Obrador pasó de una política de brazos abiertos en los primeros meses de su Gobierno, en los que entregó 13.270 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias a personas migrantes de Centroamérica y cuyo programa concluyó en febrero pasado, a romper los récords de detenciones y deportaciones.
“Vemos que el Gobierno mexicano ha implementado una política migratoria totalmente reactiva a cualquier tipo de pretensión e instrucción de Estados Unidos. Estos acuerdos son muy desproporcionados para México y desde la sociedad civil cuestionamos la validez del propio acuerdo, tanto por el contenido como por la manera formal de suscribirlo”, expone Ana Saiz, directora de Sin Fronteras, una organización dedicada a la protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.
La política migratoria de México podría tener un antes y un después; presionada por EE.UU., el paso de los migrantes se ha visto inhibido. “Ha habido un cambio, entre el antes y el después al acuerdo [con EE.UU.]. Por una especie de presión de los gobiernos, los flujos se han diversificado, no hay tantas personas en los albergues cuando antes estaban desbordados, las personas están haciendo más procesos de solicitud de asilo y más personas pasan por las estaciones migratorias, es lo que hemos detectado en un acompañamiento que hacemos con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)”, explica Gerardo Talavera, director de Casa Refugiados, una organización que promueve los derechos de personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas y migrantes.
Tras el acuerdo con EE.UU., el Gobierno mexicano desplegó 6.000 elementos de la Guardia Nacional en su frontera sur, 15.000 en la norte y transfirió a más de 650 policías federales al Instituto Nacional de Migración (INM).
Saiz también llama la atención sobre que se esté comisionando a la Guardia Nacional para realizar las detenciones y la contención de las personas migrantes, pues, apunta, pone en riesgo la seguridad jurídica. “Son cuerpos militares que se están enfrentando a tareas de contención migratoria y no propiamente delincuencial, en un contexto de una falta administrativa y no de un delito”.
A la crisis mexicana se sumó la renuncia de Tonatiuh Guillén López, reconocido por su amplio conocimiento en temas migratorios, al frente del INM, para nombrar en su puesto a Francisco Garduño Yáñez, con una reconocida trayectoria en el sistema penitenciario federal.
Por su parte, EE.UU. devolvió a México, entre el 29 de enero y el 11 de julio, a 19.911 centroamericanos en espera de la resolución de asilo: 8.874 fueron devueltos entre el 8 de junio y el 11 de julio, es decir después del acuerdo migratorio.
“Antes de estos acuerdos, el flujo de personas que detectamos era del 10 %, es decir, hay un 90 % del que nadie se entera que pasan ni a qué hora pasan. Datos de un informe de 2012 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) referían un flujo de 150.000 personas al año, según datos de Migración, y datos de sociedad civil indicaban que era de entre 350.000 y 400.000 al año, es el rango de error que tenemos”, destaca Talavera.
La cifra de devoluciones podría ir en aumento luego del anuncio de Donald Trump de limitar las solicitudes de asilo, anunciado el pasado 15 de julio. Algo con lo que la SRE dijo no coincidir y aseguró que México mantendría su política de asilo y refugio como marca la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y aclaró que no se convertiría en un tercer país seguro.
“México está violando el derecho de no devolución, el derecho de asilo de las personas con esto de ‘espérate en México mientras resolvemos tu solicitud de asilo'”, subraya Saiz, quien no ve ni claridad ni definición en la política migratoria, a la que califica de “bandazos reactivos”.
Aunado a ello, la Administración Trump arrancó hace una semana una serie de redadas contra personas indocumentadas en su territorio sin que, hasta el momento, se conozcan resultados oficiales de la misma.
Hacia la construcción
Ambas organizaciones destacan que no ha habido apertura hacia expertos o sociedad civil para la construcción de una política migratoria más clara e integral.
“Este Gobierno no tiene claridad en qué es la movilidad humana”, llama la atención Saiz, y destaca la violación a los derechos humanos en las acciones de detención, contención y deportación “escudadas detrás de un discurso de protección a los derechos humanos.”
El director de Casa Refugiados habla de la necesidad de apertura a la sociedad civil para el diseño de la política migrante. “Hemos notado, del cambio del sexenio a la fecha, una especie de retroceso, primero en la sensibilidad de los funcionarios públicos, una sensibilidad que nos ha ido costando como sociedad civil, pero también en la reducción de programas sociales a estas personas en vulnerabilidad”.
El lunes pasado, López Obrador informó que el Gobierno mexicano ha otorgado 1.200 empleos a migrantes, el 50 % de ellos en la frontera sur y la otra mitad en la frontera norte.
El 8 de junio, desde la ciudad fronteriza de Tijuana, el presidente ofreció “ayuda humanitaria y oportunidades de empleo, educación, salud y bienestar a quienes esperen en México su solicitud de asilo para ingresar legalmente a Estados Unidos”, una medida que también ha polarizado a sus gobernados.
La población mexicana ha manifiestado rechazo a los migrantes que atraviesan por su país, según una encuesta nacional en vivienda patrocinada por Grupo Reforma y The Washington Post, que revela que 55 % prefiere que sean deportados a sus países de origen y sólo el 7 % quisiera que se les ofrezca residencia.
“No tener una política clara ha generado una presión innecesaria en ambas fronteras de México, tanto en la norte y sur, ha generado incertidumbre entre la población y acrecentado los discursos xenofóbicos”, apunta Saiz.
A la espera …
Este 19 de julio, López Obrador se reunió con legisladores de EE.UU. para hablar del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) y compartió que fue un encuentro fructífero, también enfatizó que la política migratoria emprendida por su Gobierno es “firme y clara”.
Mientras que en su conferencia de prensa diaria, a pregunta de la prensa, aseguró que los niños migrantes cuentan con “toda la protección” del Estado mexicano.
“Si los migrantes están protegidos, apoyados, respaldados, se evita que se violen derechos humanos; con más razón estamos siendo cuidadosos de la atención a los niños, hay hasta planes de Unicef para este propósito”, señaló.
El riesgo, enfatiza Saiz, es que la evaluación que México espera este 22 de julio está movida “por situaciones caprichosas de Estados Unidos porque no hay metas establecidas. Hoy te pueden decir que cumpliste y mañana que no cumpliste”.
