La justicia francesa le dio la razón a los propietarios de un gallo en la isla de Oleron, convertido en símbolo de la vida rural, a los que habían denunciado vecinos que se quejaban del “ruido” que produce el ave.
El Tribunal de Rochefort (oeste) impuso a los denunciantes, una pareja originaria del centro de Francia que tiene una segunda residencia en Saint-Pierre-d’Oléron, el pago de 1.000 euros por daños y perjuicios a la dueña del gallo, Corinne Fesseau, explicó a Efe su abogado, Julien Papineau.
Además, tendrán que abonar los gastos del procedimiento y no hay posibilidad de recurso. El tribunal consideró que los querellantes no habían presentado pruebas suficientes de que el gallo Maurice hiciera un ruido excesivo y además estimó que un animal doméstico como este puede vivir en una localidad rural cuando no está en el centro.
Un gallinero en el campo
El gallinero se encuentra a cuatro metros de la habitación de la pareja denunciante en un pueblo que tiene 7.000 habitantes en invierno, pero cuyo número se quintuplica durante las vacaciones de verano. “Es una buena decisión” tras dos años de procedimiento que, entre otras cosas, prueba que “no se puede ir ante la justicia por nada”, subrayó Papineau.
El contencioso, difundido en la prensa francesa pero también en la internacional, dio lugar a una audiencia el pasado 4 de julio en la que los denunciantes exigían que cesaran lo que calificaban de “molestia sonora” y pedían que si no ocurría se impusiera una sanción de 150 euros al día a la propietaria del gallo Maurice.
La pareja trató de evitar que el proceso se presentara como una confrontación entre unos turistas que no soportaban el canto matutino del gallo, un elemento tradicional de la vida rural.
