La emergencia sanitaria ha dado pie a que exista un mercado negro de medicinas, vacunas, tests y equipos de protección que el CJNG y La Familia Michoacana estén aprovechando para expandir sus ilícitos.
CDMX.- La Secretaría de Salud está detrás de exfuncionarios de la Cofepris pues autorizaron la importación y comercialización de 72 pruebas rápidas para detectar anticuerpos contra el COVID-19, sin que estas fueran aprobadas bajo la ley.
En base a cifras de Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, afirma que la falsificación de medicamentos en México equivale a un 6 por ciento de la producción nacional.
es que, según detalla el semanario Proceso, la emergencia sanitaria ha dado pie a que exista un mercado negro de medicinas, vacunas, tests y equipos de protección que el CJNG y La Familia Michoacana estén aprovechando para expandir sus ilícitos, aseguró el Consejo Nacional de Seguridad Privada.
La Canifarma estima que este mechado negro arroja ganancias de alrededor de 8 mil millones de pesos al año, en lo que se refiere a pura falsificación.
A esto se suma las pérdidas de 2 mil millones por robos a distribuidoras farmacéuticas y a las mismas farmacias.
COMIENZA LA ‘CAZA’
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseguró que tanto su secretaría como la Cofepris dieron vista al Órgano Interno de Control (OIC), dependencia a cargo de Gibrán Ernesto Silva Basso, sobre las 72 autorizaciones que se dieron.
“Por su parte la nueva comisionada de Autorización Sanitaria, América Orellana, está revisando la información, los expedientes que pudieran estar en la institución. Si no son apropiados, el OIC tendrá que tomar cartas en el asunto”.
FALSIFICACIÓN
Según Raúl Sapién, presidente del CNSP, aseguró que la cifra de 8 mil millones de pesos que arroja el huachicoleo de medicamentos, se suma el contrabando y la falsificación de equipos de protección como las mascarillas N-95 y K-95, las cuales se comercializan en tianguis y demás puntos de comercio informal.
Sapién agrega que los estados con mayor robo de medicinas son Jalisco, Michoacán, Puebla, Estado de México, Nuevo León y Guerrero; la comercialización de mercancía ilícita se da en la CDMX, Tamaulipas y Ciudad Juárez.
SIMILAR AL NARCOTRÁFICO
Según recoge Proceso, en base a una entrevista con López-Gatell, el funcionario afirma que el mercado negro de medicamentos es una actividad criminal similar al narcotráfico y al tráfico de personas, situación que rebasa las facultades con las que castiga la Cofepris.
Para el subsecretario de Salud, es necesaria la intervención de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, pues se han dado robos como el del Vaxigrip (vacuna contra la influenza) así como medicamentos que fungen en el combate del cáncer infantil.
“La propia Interpol ha alertado a 194 países por posibles comercializaciones de medicamentos falsos, en donde puede existir la intervención del crimen organizado para llevar acabo la comercialización y obtención de recursos ilícitos”, agregó Sapién, de acuerdo a su conocimiento.
EN ALERTA
Cofepris ha emitido 13 alertas por el robo y la falsificación de medicamentos, así como una adicional por el uso del dióxido de cloro como “tratamiento” contra el COVID-19, en lo que va del año.
La dependencia contabilizó que se tratan de las medicinas como la ivermectina e Ivermin, la hidroxicloroquina y el tocilizumab los que se ofrecen como alternativa para tratar el coronavirus, pero que autoridades en México y la OMS descartan pues no han arrojado resultados positivos contra la enfermedad.
En palabras de Hugo López-Gatell, en base a lo dicho por Proceso, cuatro clínicas y hospitales privados de la capital, así como en Puebla y Nuevo León, se está aplicando la Vaxigrip, por encima de que no existía permiso alguno.
En relación con las sanciones que se apliquen a médicos o clínicas culpables, López-Gatell asegura que son más un delito de robo, por lo cual tendría que enfrentar un proceso administrativo.
PELIGRO
Ante el arribo de las primeras dosis contra el COVID-19 a México, y la decisión del gobierno federal de centralizar la compra, distribución y aplicación de la vacuna, el subsecretario de Salud, es tajante al responsabilizar a los 32 gobiernos estatales de que impidan un mercado negro de vacunas.
“En el título Octavo de la Ley General de Salud y, específicamente, en los artículos 135 y 133, se afirma que el gobierno estatal no puede hacer su programa de vacunación o comprar vacunas para el programa local.
