Como si la aplicación de Justicia en nuestro Estado se tratase de la venta en un mercado, así se evidencio este miércoles 17 de noviembre, en la que se diera a conocer la terna propuesta por el Gobernador Carlos Manuel Joaquín González para ocupar el lugar que dejara vacante el conocido Fidel Gabriel Villanueva Rivero, como Magistrado Numerario del Poder Judicial de nuestro Estado. Pues resulta que de los tres nombres propuestos para ocupar dicho cargo ninguno cuenta con carrera judicial y mucho menos con la experiencia que se requiera para ser titular de un cargo que demandará experiencia en la aplicación de justicia, es de ahí donde nace la importancia de quien se proponga, cuente con la experiencia necesaria para garantizar que los ciudadanos de nuestro Estado encuentren paz y justicia, más aún que los tres aspirantes propuestos están impedidos por ley y por nuestra propia Constitución Estatal para ocupar la citada Magistratura, hecho que el Gobernador de nuestro Estado parece no haber tomado en consideración, demostrando así su nepotismo e influyentísimo, violando de manera directa nuestra Constitución Política Estatal.
Ante lo expuesto vale la pena señalar los nombres de los tres aspirantes que conforman la mencionada terna:
1.- Heyden José cebada Rivas.
2.- Jesús Antonio Villalobos Carrillo.
3.- Karla Patricia Rivero González.
De dichos nombres, ninguno demuestra haber colmado el requisito de la carrera judicial que se considera primordial e indispensable para pretender ocupar dicho cargo, lo único que si demuestran es tener las influencias correctas, pues el primero de ellos Heyden José cebada Rivas, viene de terminar su cargo como Síndico Municipal de la ciudad de Cancún y además de dueño de la Notaria 62, mismo quien cabe señalar, está impedido por Ley para ocupar el cargo propuesto, pues este cuenta con una denuncia ante la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo por haber violado el Leal y Honesto ejercicio del Servicio Público, además de que está relacionado con la participación en el desvió de recursos y adquisición indebida de inmuebles mientras ostentaba su encargo como Síndico Municipal, hechos que lo impiden directamente para siquiera ser considerado en ocupar la vacante mencionada en términos del artículo 101 de la Constitución Política Estatal.
“…Artículo 101.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se requiere:
IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y cualquier otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena…”
El segundo de ellos Jesús Antonio Villalobos Carrillo, es Titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, de ahí donde nacen las influencias con el Gobernador para haber sido propuesto para ocupar la Magistratura que hoy sale a la venta, además de que destaca por haber perdido el juicio que cede kilómetros de territorio de nuestro Estado a el estado de Yucatán, sin embargo lo más grave de esta designación es que también resulta impedido por Ley para ocupar dicho cargo, pues el hecho de ser el encargado de despacho de la Consejería Jurídica es impedimento directo para ocupar el cargo en cita, tal y como lo señala la fracción VII, del artículo 101 de la Constitución Política de nuestro Estado.
“…Artículo 101.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se requiere:
VII. No haber sido Gobernador, Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, ni Presidente Municipal, durante el año previo al día de su designación…”
Por último, la tercera de ellas Karla Patricia Rivero González, ha sido denunciada públicamente de trafico de influencias, esto cuando su padre Carlos Manuel Rivero fue denunciado por el delito de Violencia Familiar en contra de su entonces pareja, la cual denuncio públicamente a la citada Karla Patricia Rivero González, de utilizar sus influencias para que su denuncia en contra de su padre no llegue a ningún lado, además de esto ha referido no haber ejercido la abogacía y mucho menos contar con la experiencia judicial para ocupar el cargo que hoy sale a la venta, estas circunstancias generan un impedimento legal para que esta también pueda ser considerada como aspirante en la terna propuesta, en términos del artículo 101 de la Constitución Política Estatal fracción IV, y ultimo parrafo.
“…Artículo 101.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se requiere:
IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y cualquier otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
Los nombramientos de los Magistrados se realizarán en apego al principio de paridad de género, y deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica…”
Todo esto conlleva a pensar que las acciones expuestas, han sido consentidas o pactas con el titular del Ejecutivo, pues este mismo se ha mantenido omiso en dar cumplimiento a lo que ordena la Constitución Política Estatal, además de que estas acciones representan más que solo actos de corrupción, sino que además representan un quebranto al Estado de Derecho, pues con el afán de heredarse el Poder, ponen en duda la aplicación de Justicia de nuestro Estado, misma situación que se sabe escalara hasta las mañaneras del propio Presidente de la Republica y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
