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Por Martín G. Iglesias

Falla protección a periodistas en México

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades como falta de comprobación en contratación de escoltas, compra de gasolinas, renta de vehículos, uso de inmuebles, alimentos y viáticos, en la cuenta pública 2020 del “Fondo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, que opera la Secretaría de Gobernación (Segob) y que ese Fideicomiso ya debió ser extinto.
La empresa “RCU Sistemas S.A. de C.V.”, responsable de dar protección a los periodistas y defensores de Derechos Humanos, está relacionada con el ex Secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012), según publicó en diciembre pasado el diario “Los Angeles Time” en un amplio reportaje titulado “RCU Sistemas, la empresa ligada a (Genaro) García Luna que ha convertido en millonario negocio el cuidado de los periodistas en riesgo”.
Ahí, da cuenta de la muerte de 14 periodista en el 2020 y en el 2019 otros 13 comunicadores también corrieron la misma suerte. Además, la evidente falta de responsabilidad de la empresa contratada para cuidar a los protegidos por el Mecanismo, las que consistían en contar con escoltas asignados por la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V., la empresa subsidiaria del Mecanismo de Protección, la que vende servicios de seguridad al Mecanismo desde que este organismo nació en el 2012.
El resumen de Observaciones y Acciones se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y los 13 restantes generaron: 15 Recomendaciones, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
Independientemente que la ASF hizo notar la falta de reglamentos administrativos, manuales de procedimientos y guía de utilización de formatos, la dependencia revela que “No se acreditó que se dio puntual supervisión a la prestación de servicios a los beneficiarios del mecanismo ni que se contaba con la evidencia que acreditó la prestación del servicio y su supervisión”.
Las inconsistencias entregadas a la Cámara de Diputados por la ASF están que aún no está extinto el “Fideicomiso de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”; así como diversas inconsistencias en el seguimiento de los servicios contratados con RCU, Servicios, S.A. de C.V., tales como: no se acreditó que se elaboró el cuestionario formalizado por cada beneficiario al recibir el manual de uso de conformidad con las medidas implementadas; tampoco se sustentó que se elaboró el protocolo para la operación de la central y atención de emergencias de la central de monitoreo para la atención de alertas; en 136 casos, el reporte de activación de alarmas de los meses de enero a diciembre de 2020 no presentó evidencia del funcionamiento de dichas alarmas ni de su uso por parte de los usuarios.
Así mismo, no se acreditó que se elaboraron las bitácoras de las llamadas telefónicas realizadas a los beneficiarios por el personal encargado de realizar el seguimiento, y no se acreditó que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos contara con los reportes de servicios quincenales emitidos por el prestador de servicios ni con la memoria fotográfica de los botones de asistencia, así como con las órdenes y reportes de servicio emitidas.
De ahí que a la mayoría de las y los periodistas inscritos en el Mecanismo solo cuenten con un botón de pánico en la práctica, pero en el papel señalan que cuentan hasta con vehículos blindados.
SASCAB
Según el anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, después que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) concluya el aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en la Ciudad de México, el 21 de marzo próximo, vendrán a Quintana para edificar el aeropuerto internacional de Tulum y construir una Base Aérea Militar.
Para el proyecto del Aeropuerto de Tulum, la Sedena solicitó recursos públicos por 985 millones de pesos; el Ejército ejecutará esta obra pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó sobrecostos y retrasos en la ejecución de trabajos en el Aeropuerto Felipe Ángeles. El Presidente de México anunció que el aeropuerto de Tulum estará concluido en 2023, aunque en el proyecto no se establece ni su capacidad ni el mes de entrega.

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