La reciente aprobación de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio en Quintana Roo ha desatado una ola de preocupación entre ciudadanos, ejidatarios y empresarios. Con la ampliación de 11 a 25 las causas justificadas para expropiar propiedades, muchos temen que esta medida facilite abusos y afecte derechos fundamentales sobre el patrimonio privado.
La normativa establece nuevas razones para justificar la expropiación, algunas de las cuales han sido señaladas como polémicas:
- Proyectos de inversión privada disfrazados de “beneficio colectivo”: Existe el riesgo de que desarrollos turísticos o centros comerciales se promuevan como obras de interés público, dejando a los propietarios en desventaja.
- Reubicación de damnificados: En casos de desastres naturales, el Estado podría decidir que ciertas propiedades privadas son más útiles para alojar a las personas afectadas, obligando a los dueños a cederlas.
- Construcción de infraestructura deportiva o recreativa: Esto abre la puerta a que terrenos particulares se utilicen para estadios, parques o espacios recreativos sin previo consenso.
- Proyectos de transporte y comunicación: Carreteras, aeropuertos y otros proyectos de infraestructura podrían justificar la ocupación de terrenos ejidales o privados, impactando directamente.
La ley establece que los propietarios afectados recibirán una compensación económica basada en el valor catastral de sus terrenos, una cifra que, en la mayoría de los casos, es significativamente inferior al valor comercial del mercado. Este aspecto ha sido uno de los puntos más criticados por expertos y afectados, quienes lo consideran un despojo disfrazado de legalidad.
Otro elemento que genera controversia es que, además del gobierno estatal, la ley permite a ayuntamientos, particulares e incluso organizaciones sociales solicitar la expropiación de propiedades, aumentando la incertidumbre sobre el uso de esta herramienta jurídica.
Diversos sectores de la sociedad han expresado su preocupación. Ejidatarios y pequeños propietarios temen perder sus tierras, mientras que empresarios advierten sobre un impacto negativo en la inversión privada.
Mientras tanto, los quintanarroenses enfrentan una creciente incertidumbre sobre el futuro de sus propiedades ante el alcance de esta nueva normativa.
