La administración de Atenea Gómez Ricalde, presidenta municipal de Isla Mujeres, enfrenta una avalancha de críticas por lo que muchos consideran una decisión desatinada y lesiva para los intereses de los isleños: la enajenación del histórico aeródromo. Esta medida, que aparentemente busca beneficiar a desarrolladores inmobiliarios, ha encendido los ánimos entre la población, que exige que el terreno sea destinado a un hospital general o un campus universitario, dos servicios que la ínsula necesita con urgencia.
Los isleños cuestionan las prioridades de la mandataria, hija de Alicia Ricalde, al señalar que su administración parece enfocada en los negocios al amparo del poder, ignorando las carencias apremiantes de los habitantes. “Nos prometieron progreso, pero lo único que vemos son acuerdos en lo oscuro que solo benefician a unos cuantos”, expresó un ciudadano molesto durante una reunión comunitaria.
El aeródromo, con una extensión de 10 hectáreas y una pista de 1,260 metros de longitud, ha sido parte fundamental de la historia de Isla Mujeres, desde sus orígenes en los años 30 hasta su uso estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo que alguna vez fue un símbolo de progreso ahora está en riesgo de convertirse en un desarrollo de lujo que no responde a las necesidades de la comunidad.
El proyecto de enajenación se fundamenta en la nueva Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio de Quintana Roo, aprobada recientemente. Según los críticos, esta legislación está siendo utilizada para favorecer intereses privados bajo el pretexto de “desarrollo urbano”. La indignación creció tras revelarse que la decisión fue planteada en sesiones de Cabildo llevadas a cabo de manera opaca, sin consultar a los ciudadanos.
Mientras la administración de Gómez Ricalde avanza en este polémico proyecto, los habitantes de Isla Mujeres continúan enfrentando graves carencias: no cuentan con un hospital de primer nivel ni con un centro educativo de nivel superior. “Estamos viendo cómo se están vendiendo nuestros recursos y nuestro futuro al mejor postor, mientras nosotros seguimos sin acceso a servicios básicos”, denunció una líder comunitaria.
La medida ha despertado especulaciones sobre los intereses que se esconden detrás de esta operación, pues los rumores apuntan a desarrollos inmobiliarios exclusivos que beneficiarían a particulares, dejando a los isleños fuera de los supuestos “beneficios del desarrollo”.
Ante la creciente indignación, los habitantes de la isla exigen transparencia y que el terreno sea destinado a proyectos que realmente impulsen el bienestar de la comunidad. Sin embargo, la presidenta municipal ha permanecido en silencio, alimentando las sospechas sobre sus verdaderas intenciones.
El futuro del aeródromo de Isla Mujeres podría ser una prueba definitiva para Atenea Gómez Ricalde: o prioriza las necesidades de su gente, o quedará marcada como una gobernante más que sacrificó a su comunidad en nombre de la ambición.
