En el Aeropuerto Internacional de Cancún, la corrupción dentro de la Guardia Nacional ha alcanzado niveles alarmantes, comprometiendo la seguridad de turistas y ciudadanos. Elementos de esta institución, encargada de garantizar el orden y la legalidad, han sido captados aceptando sobornos por parte de operadores de Uber, permitiendo que estos brinden servicios de transporte sin cumplir con los requisitos legales.
Un reciente caso de corrupción quedó expuesto cuando un elemento de la Guardia Nacional fue captado recibiendo dinero de un conductor de Uber. Según testigos, el agente involucrado permitió que el operador, cuya actividad es ilegal dentro del aeropuerto por carecer de permisos federales, continuara trabajando a cambio de un pago en efectivo. Este acto no solo refleja la corrupcion de la guardia nacional ,sino que también pone en evidencia la complicidad de las autoridades con actividades ilegales.
Lejos de cumplir con su deber de velar por la seguridad y el cumplimiento de la ley, los elementos de la Guardia Nacional han adoptado una actitud permisiva, facilitando estas prácticas irregulares. Las denuncias indican que esta corrupción es sistemática, y que los agentes encargados de la vialidad en el aeropuerto se enriquecen a costa de los operadores y la seguridad de los turistas.
Por su parte la líder de Uber Águeda Esperilla, lejos de ayudar a sus operadores les da la espalda, así los han denunciado los mismos conductores y es que la “líder” los manda al ruedo sin el más mínimo respaldo, un tema que causa indignación en los choferes.
Cabe mencionar que la plataforma Uber no cuenta con licencia de funcionamiento en el estado y en ninguna zona federal, tal cual se encuentra especificado en la página del instituto de movilidad del estado de Quintana Roo, plataformas como DiDi, Indraiver o Mueve-T las cuales aparecen de manera legal.
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Se hace un atento llamado a la gobernadora del estado Mara Lezama y a la Dra. Claudia Sheinbaum presidenta de la república para tomar cartas en él asunto y que las plataformas digitales en zonas federales sean regularizadas, ya que Uber no paga impuestos ni concesiones en el estado para poder laborar y que representan un riesgo para el turismo en general.
Mientras tanto, las autoridades no han tomado acciones para erradicar estos actos, lo que ha llevado a una creciente desconfianza hacia la institución. Este patrón de corrupción y omisión pone en riesgo no solo la integridad de los visitantes, sino también la reputación del aeropuerto como una puerta de entrada clave para el turismo internacional en México
La permisividad ante estas prácticas no solo fomenta la ilegalidad, sino que también atenta contra la seguridad nacional. Al permitir que operadores sin permisos federales trabajen en el aeropuerto, se abre la puerta a posibles incidentes graves en los que las víctimas, tanto turistas como ciudadanos, quedarían desprotegidas.
Es importante y urgente que se inicie una investigación a fondo para identificar y sancionar a los elementos de la Guardia Nacional involucrados en estos actos de corrupción. Las autoridades deben actuar con firmeza para restaurar la confianza en esta institución y garantizar que el aeropuerto de Cancún opere bajo estrictos estándares de legalidad y seguridad.
La corrupción no puede ser tolerada en una institución cuyo propósito es proteger el aeropuerto internacional del príncipal destino turístico de México,El caso del aeropuerto de Cancún es un llamado urgente para poner fin a estas prácticas y devolverle al turismo y a los ciudadanos la seguridad que merecen.