Desde su nombramiento en marzo de 2023 como secretario del Bienestar por la gobernadora Mara Lezama, Pablo Bustamante Beltrán ha sido señalado por utilizar programas sociales como plataforma política para labrar su camino hacia la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún). Su estrategia, disfrazada de cercanía con la ciudadanía, ha sido cuestionada por carecer de un verdadero compromiso con el bienestar de los quintanarroenses.
A pesar de sus recorridos por los tianguis y comunidades, Bustamante no busca soluciones reales para las necesidades del municipio. En cambio, su presencia en las calles parece responder más a una campaña de autopromoción que a un genuino interés por los problemas locales. Los “baños de pueblo” de Pablo Bustamante no son más que un intento por ganar simpatías mediáticas mientras se desvincula de las verdaderas demandas de los ciudadanos.
Uno de los episodios más polémicos ocurrió el 3 de diciembre de 2024, cuando, en un proceso fast track, Bustamante entregó un contrato por adjudicación directa a la constructora toluqueña BALBEK S.A. de C.V., representada por Leopoldo Estrada Márquez. El contrato, valorado en $14,046,248.73, estaba destinado a la construcción de techos firmes, dormitorios, pisos y baños con biodigestores en Bacalar y José María Morelos.
Sin embargo, el proceso estuvo plagado de irregularidades. El contrato, firmado por el propio Pablo Bustamante, Jorge Carlos Aguilar Rodríguez (subsecretario de Infraestructura Social) y María Elena Castillo Chuc (directora de Infraestructura Social), no incluyó información sobre los beneficiarios ni documentos que demostraran cómo se ejercieron los recursos. En apenas 20 días, del 3 al 23 de diciembre, BALBEK presuntamente completó las obras, un tiempo récord que genera sospechas sobre la veracidad del proyecto.
Resulta cuestionable que el contrato se haya otorgado a una empresa del Estado de México en lugar de apoyar a constructoras locales que podrían generar empleos en Quintana Roo. BALBEK, fundada en 2011, tiene su domicilio en Toluca y no tiene antecedentes claros de experiencia en la región, lo que plantea dudas sobre los criterios de selección utilizados.
Este caso evidencia un patrón en la gestión de Pablo Bustamante: programas sociales y contratos públicos utilizados como herramienta de promoción personal y política. En lugar de priorizar el bienestar de los quintanarroenses, el secretario del Bienestar parece más enfocado en consolidar su imagen de cara a las elecciones.
Pablo Bustamante, señalado como líder del “Cártel del Despojo”, ha convertido la Secretaría del Bienestar en un instrumento para su beneficio político, dejando a los ciudadanos en segundo plano. Su falta de transparencia y los presuntos actos de corrupción son un recordatorio de cómo las instituciones públicas pueden ser manipuladas para intereses personales. Quintana Roo merece funcionarios comprometidos con la verdadera transformación y no con agendas personales disfrazadas de discursos de cambio.
