La Guardia Nacional, lejos de cumplir con su deber de proteger a la ciudadanía, ha sido señalada por trabajadores en las playas de extorsión y abuso de autoridad. A pesar de los acuerdos establecidos con el Ayuntamiento, los elementos de esta corporación han ignorado dichos compromisos y han optado por hostigar a quienes dependen del comercio informal para sobrevivir.

Según múltiples denuncias, los agentes no solo impiden que la gente trabaje, sino que exigen pagos ilegales para permitirles continuar con sus actividades. Entre los casos más indignantes, se reportó la detención arbitraria de una mujer de 60 años que se dedica a hacer trenzas, dejando en claro que ni siquiera las personas de la tercera edad están a salvo de estos atropellos.

Las acusaciones no se detienen ahí. Se señala a la Guardia Nacional como una de las corporaciones más corruptas, operando más como un grupo de extorsionadores que como una fuerza de seguridad. Su modus operandi se asemeja al de organizaciones criminales: imponen “derecho de piso” a trabajadores humildes, obligándolos a pagar por algo que debería estar garantizado por la Constitución: el derecho al trabajo.

Mientras el gobierno federal insiste en que la Guardia Nacional es una institución confiable, la realidad en las calles cuenta una historia diferente. En lugar de proteger a la ciudadanía, parece haberse convertido en otro obstáculo más para los sectores más vulnerables.

Los trabajadores afectados exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto y pongan fin a estas prácticas abusivas, pues de lo contrario, el mensaje es claro: la corrupción ha sido institucionalizada y la impunidad sigue siendo la norma.