La indignación y el hartazgo han llegado a su punto máximo entre los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes han denunciado públicamente las condiciones deplorables en las que desempeñan su labor, señalando directamente al titular de la dependencia, Julio César Gómez Torres, como el responsable de una serie de irregularidades que afectan tanto su desempeño como la seguridad de la ciudadanía.

Los agentes han manifestado su inconformidad por la falta de pago de viáticos durante tres meses, una situación que no solo afecta su economía personal, sino que también compromete su capacidad operativa. Lo más alarmante es que, a pesar de la falta de pagos, se les obliga a firmar recibos como si hubieran recibido el dinero correspondiente. Aquellos que se niegan a hacerlo, lejos de encontrar una solución justa, son castigados con descuentos arbitrarios de 531 pesos y, en muchos casos, arrestos injustificados bajo pretextos insignificantes.

Además, otro de los puntos más críticos es la insuficiencia de recursos para llevar a cabo sus funciones. Los elementos han denunciado que solo se les proporcionan 38 litros de gasolina para un turno de 12 horas, lo que hace imposible una cobertura eficiente en las distintas zonas que deben vigilar. Esta limitante se traduce en una respuesta tardía a los llamados de auxilio de la ciudadanía, lo que incrementa la percepción de inseguridad y da pie a la proliferación de delitos.

El malestar dentro de la corporación ha alcanzado tal magnitud que se analiza la posibilidad de un paro de labores en los próximos días, lo que podría derivar en una crisis de seguridad aún mayor. Los agentes exigen condiciones dignas para trabajar, un pago justo y el cese de represalias por denunciar estas irregularidades.

Mientras tanto, la ciudadanía también sufre las consecuencias de la mala administración y los abusos dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La falta de patrullajes efectivos ha generado un incremento en los delitos, lo que ha llevado a que algunos elementos, en un intento por sobrevivir en estas precarias condiciones, recurran a prácticas indebidas, como el robo o la extorsión a los propios ciudadanos.

El secretario Julio César Gómez Torres se encuentra en el ojo del huracán, pues las denuncias en su contra no solo provienen de los uniformados, sino también de la población que día a día enfrenta la inseguridad sin una respuesta eficiente por parte de las autoridades.

Es momento de que las instancias correspondientes tomen cartas en el asunto y den solución a esta crisis antes de que las consecuencias sean irreversibles. La seguridad de la ciudadanía y la dignidad de los policías no pueden seguir viéndose comprometidas por la negligencia y los malos manejos de quienes deberían garantizar el orden y la justicia.