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¿Autoridades cómplices? Ultramar exprime a los isleños con tarifas abusivas mientras reguladores miran hacia otro lado

¿Hasta cuándo las autoridades marítimas seguirán permitiendo que Ultramar haga y deshaga con las tarifas del cruce entre Isla Mujeres y el continente? Mientras miles de ciudadanos dependen diariamente de este servicio, el costo del pasaje se ha disparado de manera escandalosa hasta los $110 pesos por viaje redondo, dejando atrás los ya elevados $50 y $75 de años anteriores.

El golpe al bolsillo es brutal: con un salario mínimo de $8,364 pesos mensuales, un trabajador que utiliza el ferry diariamente para llegar a su empleo o escuela gasta alrededor del 26.3% de su ingreso solo en transporte, es decir, más de $2,200 pesos al mes. Todo esto por un trayecto de apenas 20 minutos.

El problema no es solo el precio, sino el pésimo servicio. Usuarios denuncian esperas interminables, retrasos constantes, embarcaciones en condiciones cuestionables y un trato indignante por parte del personal de Ultramar. A esto se suma la incertidumbre de no saber si habrá ajustes arbitrarios en los horarios o en las tarifas.

Pero la pregunta clave es: ¿por qué ninguna autoridad pone un alto a estos abusos? La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Capitanía de Puerto parecen mirar hacia otro lado mientras Ultramar se consolida como un monopolio férreo que ahoga a los isleños con sus tarifas y servicio de tercera.

¿Qué intereses hay detrás de esta permisividad? ¿Acaso hay arreglos bajo la mesa que explican la inacción de los reguladores? Y lo más importante, ¿qué opinan los empresarios náuticos sobre esta situación?

A lo largo de los años, otras empresas han intentado competir con Ultramar, pero misteriosamente no han logrado sostenerse en el mercado. ¿Casualidad o estrategia bien calculada para sofocar cualquier intento de competencia?

Mientras tanto, los isleños no tienen opción. Siguen pagando tarifas de primer mundo por un servicio deplorable. ¿Dónde están las auditorías? ¿Dónde están los estudios de costos que justifiquen estos aumentos? ¿Hasta cuándo Ultramar seguirá teniendo el control absoluto?

El llamado es claro: las autoridades deben responder. Si realmente están del lado de los ciudadanos, deben explicar por qué permiten este atropello. Y si no lo hacen, que al menos dejen claro de qué lado está

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