Un nuevo escándalo podría estallar en Quintana Roo, luego de que se diera a conocer una serie de acusaciones que involucran directamente a Alonzo Fernández Lemmen Meyer, actual encargado de despacho de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) del estado.

De acuerdo con información preliminar obtenida por esta redacción, Fernández Lemmen Meyer habría estado operando de manera discreta durante su gestión, aprovechando su posición para presuntamente extorsionar a empresarios del sector de materiales de construcción, especialmente en la zona de la Riviera Maya.

Las denuncias apuntan a un esquema en el que se habrían solicitado pagos “por debajo de la mesa” a cambio de otorgar permisos o evitar la suspensión de actividades a sascaberas (bancos de extracción de materiales), con montos que oscilarían entre los 700 mil pesos y hasta 12 millones, dependiendo del tamaño y operaciones de las empresas.

Fuentes cercanas al caso señalan que, si bien ya existen denuncias ante instancias estatales, estas no han tenido seguimiento. La razón: presuntas amenazas por parte del funcionario hacia los empresarios denunciantes, quienes temen represalias que podrían culminar en la clausura definitiva de sus negocios.

Uno de los antecedentes más visibles de la gestión de Fernández Lemmen Meyer ocurrió en Cancún, donde una empresa inmobiliaria realizó detonaciones con explosivos cerca de un fraccionamiento habitacional, causando daños estructurales a diversas viviendas. La intervención de la PPA se dio únicamente tras protestas ciudadanas y bloqueos viales, lo que para muchos dejó en evidencia la falta de voluntad de la dependencia para proteger a la población y al medio ambiente, priorizando aparentemente intereses económicos.

Lo más llamativo del caso es que, según trascendió, el funcionario intentó aplicar el mismo esquema de extorsión a una empresa relacionada con la venta de materiales pétreos, sin saber que esta pertenecía a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Al percatarse del dato, el funcionario habría desistido de inmediato y abandonado cualquier intento de cobro indebido.

Este posible caso de corrupción abre una nueva herida en la ya cuestionada administración ambiental del estado, mientras crecen los señalamientos sobre el uso político de las instituciones y la impunidad ante posibles actos ilícitos cometidos desde el poder.

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