Playa del Carmen, Q. Roo. – La sombra de Jesús Alberto Capella Ibarra sigue presente en el C5 de la zona norte de Quintana Roo, ahora convertido en un organismo desorganizado, ineficaz y subordinado a intereses particulares. Bajo su estela, continúan operando personajes “recomendados” que han convertido la coordinación de emergencias en un caos que ya cobra consecuencias graves para la población.

Uno de los golpes más recientes ha sido la virtual desaparición de Protección Civil como ente coordinador de emergencias médicas, función que fue entregada de manera informal a empresas privadas por decisión directa del actual encargado del C5. Esta medida ha provocado descontrol, retrasos críticos y una preocupante improvisación ante emergencias en Playa del Carmen.

Hoy en día, la batuta en la atención prehospitalaria no la tienen las instituciones públicas, sino empresas como Salud y Vida, Costamed, Playa Med 911, La Joya, EMT y Mexpol, entre otras, que lucran con el vacío institucional dejado por el C5. A esto se suma la limitada capacidad de respuesta de la Cruz Roja Mexicana, que actualmente destina gran parte de su personal y unidades a la operación del Tren Maya, dejando a la ciudad en espera… o en el abandono.

Gerardo Acevedo Aguilar quien es Jefe la sala operativa es otra de las secuelas que dejó el mal gobierno de Capella y que siguen trabajando con impunidad tomado riendas y dando instrucciones bajo la riendas de su antigua administración.

Prueba de ello es lo ocurrido recientemente durante una transmisión en vivo de medios locales, donde se evidenció cómo, ante la ausencia de una ambulancia, ciudadanos tuvieron que trasladar a un paciente grave por sus propios medios al hospital. La Cruz Roja arribó 30 minutos después, sólo para confirmar que el traslado ya había sido realizado por los propios familiares.

Esta situación no es aislada. Las denuncias se acumulan. La falta de coordinación del C5 ha convertido las emergencias médicas en una ruleta rusa. La población no solo sufre las consecuencias de la tardanza, sino también de una privatización encubierta del sistema de atención, donde cada llamada es una oportunidad de negocio para empresas que operan sin transparencia ni regulación efectiva.

La ciudadanía comienza a preguntarse: ¿quién se beneficia con este modelo fallido? ¿Por qué aún permanecen operadores cercanos a Capella Ibarra controlando el C5, pese a los escándalos de corrupción y los señalamientos de vínculos con grupos delictivos?