#Cancún, 29 de julio de 2025.— La tensión crece en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Este martes, decenas de operadores de plataformas digitales como Uber y Didi se manifestaron a las afueras de la sede de la Guardia Nacional, ubicada en la Terminal 2, para exigir un alto a las extorsiones y denunciar el incumplimiento de acuerdos por parte del nuevo capitán Orlando González Aguirre.

Los conductores aseguran estar cansados de los constantes abusos que enfrentan al intentar operar en la zona federal del aeropuerto, donde, según denuncias, son obligados a pagar entre 700 y 900 pesos diarios para poder trabajar sin ser sancionados. Estas cuotas ilegales supuestamente van directamente a manos de elementos de la Guardia Nacional, quienes mantienen una red de control y corrupción en complicidad con la empresa de grúas AAA, encargada de remolcar los vehículos de quienes no acceden a pagar.

Los operadores aseguran que con la llegada del capitán Orlando González Aguirre, proveniente de la Ciudad de México, los acuerdos previos se rompieron y las extorsiones se han incrementado. La situación ha escalado al punto en que los conductores denuncian operativos selectivos, amenazas y detenciones arbitrarias si no se alinean a lo que llaman un sistema de “cuotas obligatorias”.

Uno de los nombres más señalados por los manifestantes es el de Henry Cante Dubón, alias “Gregory”, señalado como el operador clave de esta red, quien mantiene una supuesta “lista negra” de conductores permitidos y vetados. A su lado, Rafael Sequeira sería el enlace directo con González Aguirre, y fungiría como el segundo al mando en estas operaciones.

La semana pasada, Julio César, alias “Fuster”, presunto operador financiero de Cante Dubón, fue detenido. Su captura habría revelado una red de corrupción que involucra no solo a elementos de la Guardia Nacional, sino también a presuntos vínculos con grupos delictivos. Sin embargo, pese a la gravedad del caso, los manifestantes aseguran que no ha habido seguimiento real ni acciones por parte de las autoridades federales.

A ellos se suma el nombre de Axel Ángel Rojano Zamudio, quien según los denunciantes es el encargado de cobrar las cuotas directamente a los operadores y se mantiene como una de las piezas principales de esta presunta mafia.

La empresa de grúas AAA también ha sido señalada por los conductores como parte de este esquema, ya que sería utilizada para intimidar y remolcar los vehículos de quienes no aceptan pagar las cuotas. Las multas por operar en zona federal sin “permiso” pueden alcanzar hasta 9 mil pesos, cantidades que afectan gravemente a los operadores independientes.

Hasta el momento, ni la Guardia Nacional ni las autoridades aeroportuarias han emitido un posicionamiento oficial. Mientras tanto, los operadores siguen esperando ser recibidos por el capitán González Aguirre, quien hasta el cierre de esta nota no había salido a dialogar con los manifestantes.

Los conductores exigen una investigación a fondo y garantías para trabajar sin extorsiones en el aeropuerto más importante del país.