El esquema señalado coloca a Boix Castillo en la parte central de una estructura que, de acuerdo con antecedentes documentados y declaraciones del Comisariado Ejidal, habría continuado ofreciendo gestiones de regularización pese a no contar con autorización ni representación del ejido.
Por Redacción | #CGNoticias1
LEONA VICARIO, PUERTO MORELOS.— La advertencia salió directamente de la representación ejidal: Arturo Boix Castillo, Barca & Asociados y las personas que actúen o se presenten vinculadas a ese grupo no cuentan con autorización ni representación del Ejido Leona Vicario para regularizar tierras.
El presidente del Comisariado Ejidal, José Rogelio Concha Naal, hizo pública la advertencia ante lo que señaló como una nueva presencia de personas relacionadas con ese grupo en la comunidad.
Y los antecedentes expuestos desde 2025 colocan nuevamente un nombre en el centro de la controversia: Arturo Boix Castillo.
De acuerdo con la información proporcionada por el comisariado y con el esquema de relaciones construido a partir de los antecedentes documentados, Boix Castillo aparece como figura central de una estructura en la que se ubican colaboradores, gestores y personas presuntamente vinculadas con actividades relacionadas con la llamada regularización de predios.
Ese esquema, sin embargo, debe entenderse como una representación de las relaciones y señalamientos documentados y no como una determinación judicial de responsabilidades.
EL EJIDO MARCA DISTANCIA
La postura expresada por José Rogelio Concha Naal es contundente: el Ejido Leona Vicario no reconoce a Arturo Boix Castillo ni a Barca & Asociados como representantes autorizados para realizar trámites de regularización en nombre de la comunidad ejidal.
El antecedente inmediato se remonta a noviembre de 2025, cuando Boix Castillo y Barca & Asociados fueron desvinculados de asuntos relacionados con la regularización de tierras y dejaron la oficina que ocupaban en la planta baja de la Casa Ejidal.
Pero existe otro documento que resulta relevante.
Una carta fechada el 14 de agosto de 2025, atribuida a Terracasa Inmobiliaria Real Estate S.A. de C.V., empresa contratada para la regularización de 250 hectáreas de uso común, establecía que Arturo Boix Castillo, Pablo Canseco Benítez y Barca & Asociados no mantenían relación legal ni contractual con Terracasa.
En ese documento se señalaba a Terracasa como la empresa autorizada para llevar adelante dicho proceso.
COBROS, “BLINDAJES” Y CÓDIGOS QR, ENTRE LOS ANTECEDENTES SEÑALADOS
Investigaciones periodísticas difundidas desde 2025 recogieron testimonios y mensajes relacionados con presuntos cobros a posesionarios y fraccionadores, bajo el argumento de obtener una supuesta “regularización” o “blindaje” para sus predios.
Entre los mecanismos documentados aparecieron también códigos QR que presuntamente acreditarían o protegerían determinados desarrollos frente a actuaciones de las autoridades.
Según esas investigaciones, algunos códigos estuvieron relacionados con proyectos que habían sido clausurados o señalados por la SEDETUS como asentamientos irregulares.
Se trata de antecedentes y señalamientos que requieren distinguirse de cualquier responsabilidad penal o administrativa que únicamente puede ser determinada por las autoridades competentes.
ADVIERTEN DE UNA NUEVA OFICINA
El asunto vuelve ahora a encender las alertas.
Durante una entrevista en Radio Turquesa, José Rogelio Concha Naal aseguró que recientemente comenzó a operar una nueva oficina en Leona Vicario desde la cual se estarían ofreciendo servicios relacionados con la regularización de tierras ejidales.
Según la declaración del comisariado, en dicha oficina estarían participando Elfego Pinzón Peña y Soledad Ortiz Morales, a quienes vinculó con el grupo relacionado con Arturo Boix Castillo.
Concha Naal negó que esa oficina tenga autorización de la representación ejidal y rechazó que quienes operan desde ese lugar estén facultados por el ejido para realizar procedimientos de regularización.
El nombre de Elfego Pinzón Peña ya había aparecido en antecedentes difundidos en septiembre de 2025 relacionados con gestiones atribuidas al entorno de Boix Castillo.
DEL 2025 AL 2026: LA ALERTA SIGUE VIGENTE
La diferencia ahora es importante.
El asunto ya no se limita a revisar lo ocurrido durante 2025.
La advertencia del actual Comisariado Ejidal apunta a que estarían realizándose nuevas gestiones en 2026, nuevamente bajo el argumento de regularizar tierras.
Por ello, José Rogelio Concha Naal lanzó un llamado directo a ejidatarios, posesionarios, propietarios y habitantes de Leona Vicario: verificar cualquier trámite directamente con las autoridades ejidales antes de entregar dinero, documentos personales o papeles relacionados con sus propiedades.
La razón es sencilla: evitar que la necesidad de obtener certeza jurídica sobre un terreno sea aprovechada por personas que carezcan de facultades para realizar el procedimiento que ofrecen.
¿QUIÉN ESTÁ AUTORIZADO PARA REGULARIZAR?
Esa es ahora la pregunta central.
En una región sometida a una enorme presión inmobiliaria por el crecimiento de Puerto Morelos y la Ruta de los Cenotes, la certeza jurídica sobre la propiedad y posesión de la tierra se ha convertido en un asunto de enorme valor económico y social.
Precisamente por eso, cualquier proceso de regularización debe contar con respaldo jurídico, autorización de las instancias correspondientes, procedimientos verificables y costos transparentes.
Y el mensaje que hoy lanza el Comisariado Ejidal de Leona Vicario no deja espacio para confusiones:
Arturo Boix Castillo, Barca & Asociados y quienes se presenten en nombre de ese grupo no cuentan, de acuerdo con la declaración de José Rogelio Concha Naal, con autorización ni representación del Ejido Leona Vicario para ofrecer la regularización de tierras.
El esquema de relaciones y los antecedentes acumulados desde 2025 colocan nuevamente a Arturo Boix Castillo en el centro de los señalamientos, pero corresponderá a las autoridades competentes determinar si alguna de las conductas denunciadas constituye una irregularidad administrativa o un delito.
Mientras tanto, desde el propio ejido ya lanzaron la alerta:
antes de pagar un peso o entregar un documento, hay que verificar quién está realmente autorizado para regularizar.
CGNoticias | Información que pone los hechos sobre la mesa.
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