Los cambios de administración municipal no deben convertirse en oportunidades para ocultar información, desaparecer bienes o dejar problemas sin resolver, sostuvo la diputada morenista María Esther Magadán Alonzo, al defender ante el Pleno del Congreso del Estado una reforma al Código Penal de Yucatán para establecer responsabilidades penales por incumplimientos dolosos durante los procesos de entrega-recepción que ocasionen daños patrimoniales.
Durante la sesión, la legisladora de la Bancada del Pueblo (morena-PT-PVEM), coordinada por el diputado Wilmer Manuel Monforte Marfil, señaló que los recursos, vehículos, documentos y bienes públicos pertenecen a la ciudadanía y no a quienes ocupan temporalmente un cargo.
"Gobernar es una responsabilidad, no un privilegio, y ocupar un cargo público no convierte a nadie en dueño de los bienes ni del patrimonio del pueblo", afirmó Magadán Alonzo, quien subrayó que la entrega-recepción debe ser real, completa y transparente, no una simulación administrativa.
La reforma contempla sanciones según la magnitud del daño cuando una persona servidora pública omita dolosamente entregar bienes, recursos o información bajo su resguardo y provoque un perjuicio patrimonial. "Los cargos públicos son temporales, pero la responsabilidad para el pueblo es permanente", enfatizó.
Al intervenir sobre el dictamen, el diputado Daniel Enrique González Quintal destacó que la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública logró acuerdos entre distintas fuerzas políticas para integrar cuatro reformas penales. Además de la entrega-recepción, el documento contempla el reconocimiento del transfeminicidio, medidas contra la difusión maliciosa de imágenes de personas fallecidas y mayores sanciones por abandonar sin auxilio a víctimas de atropellamiento.
"Cuando hay voluntad, se logran acuerdos y cuando esos acuerdos se convierten en leyes al servicio del pueblo, la política cumple con su responsabilidad", expresó González Quintal.
En materia de bienestar social, la diputada Ayde Interián reconoció los resultados de los primeros dos años del DIF Yucatán, bajo la presidencia honoraria de Wendy Méndez Naal y con el respaldo del gobernador Joaquín Díaz Mena. Destacó que la institución reporta acciones en los 106 municipios, apoyos para más de 12 mil personas con discapacidad, más de 30 mil sesiones de rehabilitación y programas de alimentación escolar que han beneficiado a más de 125 mil niñas, niños y adolescentes.
La legisladora destacó que los programas y presupuestos del DIF Yucatán se traducen en resultados que mejoran la vida de las familias, garantizan derechos y acercan servicios a quienes más los necesitan.
Por su parte, el diputado de morena José Julián Bustillos Medina, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, reiteró la importancia de garantizar alimentos suficientes, saludables y adecuados. Recordó las iniciativas que ha impulsado sobre soberanía alimentaria y consumo de productos locales, vinculadas con el fortalecimiento del campo y la salud de las familias.
Con estas intervenciones, la Bancada del Pueblo vinculó la rendición de cuentas con la protección del patrimonio público, el bienestar de las familias y la defensa de los derechos sociales, bajo el principio de que el ejercicio del poder implica obligaciones que deben cumplirse hasta el último día de cada administración.
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