¡LA DUPLA DEL PODER EN EL AEROPUERTO DE CANCÚN! SEÑALAN PRESUNTOS COBROS DE HASTA 300 DÓLARES Y EXIGEN INVESTIGAR A FUNCIONARIO DE ASUR Y EMPRESARIA TRANSPORTISTA
“DOÑA PATI” Y “EL DOBLE SIERRA”, EN EL CENTRO DE SEÑALAMIENTOS POR SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN EL CONTROL DEL TRANSPORTE AEROPORTUARIO. ¿QUIÉN LOS INVESTIGA Y QUIÉN LOS SUPERVISA?
CANCÚN, QUINTANA ROO. | CGNoticias. — El Aeropuerto Internacional de Cancún vuelve a colocarse bajo la lupa por señalamientos relacionados con presuntos cobros excesivos, restricciones a transportistas y posibles conflictos de interés entre operadores privados y personal encargado de la seguridad aeroportuaria.
En el centro de estos señalamientos aparecen dos nombres: Ana Patricia Altamirano Sánchez, conocida como “Doña Pati”, señalada como propietaria de la empresa de transporte CABSI, y José Luis Chávez, apodado “El Doble Sierra”, identificado en las denuncias como responsable de seguridad interna de ASUR.
Ambos son mencionados en acusaciones que, de comprobarse, podrían revelar irregularidades en el manejo de permisos, accesos y operaciones del transporte turístico dentro de una de las terminales aéreas más importantes de México.
¿QUIÉN CONTROLA LAS TARJETAS TIA Y BAJO QUÉ CRITERIOS?
Uno de los puntos más delicados de las denuncias tiene que ver con las tarjetas de identificación aeroportuaria, conocidas como TIA, indispensables para determinadas actividades dentro de las instalaciones.
De acuerdo con los señalamientos recibidos, presuntamente existirían cobros de entre 200 y 300 dólares relacionados con la recuperación de estas acreditaciones.
La acusación merece una investigación seria: ¿quién autoriza el retiro de las tarjetas?, ¿cuáles son los procedimientos para recuperarlas?, ¿existen tarifas oficiales para estos trámites? y, sobre todo, ¿hay evidencia documental de los supuestos cobros?
Los denunciantes atribuyen a José Luis Chávez decisiones relacionadas con el retiro de acreditaciones y cuestionan si dichas facultades se ejercen de manera imparcial.
También señalan una presunta cercanía con los intereses comerciales de CABSI, empresa vinculada por los denunciantes con Ana Patricia Altamirano Sánchez.
Hasta el momento, estas acusaciones no cuentan en la información proporcionada a #CGNoticias con resoluciones oficiales que acrediten responsabilidades de las personas señaladas.
EL ANTECEDENTE DE LUISITO COMUNICA: ¿QUÉ PASÓ CON LAS DENUNCIAS CONTRA CABSI?
Otro episodio que los denunciantes consideran relevante es la controversia que habría involucrado al creador de contenido Luisito Comunica y un supuesto cobro irregular por servicios de transporte atribuido a CABSI.
El caso es mencionado como antecedente de posibles prácticas abusivas contra turistas; sin embargo, es necesario documentar la participación específica de la empresa, las reclamaciones presentadas y las eventuales sanciones.
La pregunta para las autoridades es concreta:
¿Se abrió algún procedimiento administrativo? ¿Se investigaron los cobros denunciados? ¿Hubo sanciones o medidas correctivas?
Si existen expedientes, resoluciones o actas de inspección, corresponde a las autoridades competentes transparentar sus resultados conforme a la ley.
Guardia Nacional Y TRANSPORTISTAS: ¿SEGURIDAD O DISPUTA POR EL CONTROL DE LAS TERMINALES?
Las denuncias también describen una creciente confrontación entre empresas de transporte y operadores que trabajan en las inmediaciones del aeropuerto desde hace décadas.
Según estas versiones, algunos transportistas estarían siendo señalados como operadores irregulares o “piratas”, mientras se solicita la intervención de la Guardia Nacional.
La controversia obliga a distinguir entre los operativos legítimos de seguridad, el cumplimiento de las disposiciones federales de transporte y cualquier posible utilización indebida de mecanismos de control para favorecer intereses particulares.
La Guardia Nacional debe actuar conforme a sus atribuciones legales, no en beneficio de una empresa o grupo comercial.
Por ello, resulta indispensable conocer qué autoridades solicitan los operativos, cuáles son sus fundamentos jurídicos y si los criterios se aplican por igual a todos los prestadores del servicio.
SICT, BAJO LA LUPA: ¿QUIÉN PONDRÁ ORDEN?
Los señalamientos ameritan la atención de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Antonio Esteva Medina, así como de las autoridades federales competentes en Quintana Roo.
Los denunciantes solicitan revisar la actuación de las empresas transportistas, los procedimientos de acreditación aeroportuaria y la posible existencia de cobros no autorizados.
En particular, piden que se examine la situación planteada ante la representación de la SICT en Quintana Roo, a cuyo titular identifican como el ingeniero Guido Mendiburo Solís.
La investigación administrativa debería determinar si existen infracciones y, de ser así, aplicar las sanciones correspondientes, con respeto al debido proceso.
OTRA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: GRUPO SSIA
Los señalamientos también hacen referencia a una presunta vinculación empresarial de José Luis Chávez con una compañía de seguridad identificada como Grupo SSIA.
Esta información abre preguntas sobre posibles relaciones comerciales, compatibilidad de funciones y eventuales conflictos de interés que deberán corroborarse mediante registros empresariales, contratos y documentación oficial.
La sola mención de una relación empresarial no demuestra una conducta ilícita, pero sí justifica verificar si existe alguna incompatibilidad con las responsabilidades que se le atribuyen dentro del aeropuerto.
¿QUIÉN VIGILA A LOS QUE CONTROLAN EL AEROPUERTO?
El Aeropuerto Internacional de Cancún es una puerta de entrada fundamental para el turismo nacional e internacional. Las denuncias por cobros indebidos, restricciones arbitrarias o presuntos favoritismos no deben quedar sin respuesta.
Ana Patricia Altamirano Sánchez y José Luis Chávez tienen derecho a responder a estos señalamientos. ASUR, CABSI y las autoridades correspondientes también deben contar con la oportunidad de aclarar los procedimientos cuestionados.
Lo que está en juego no es solamente una disputa entre transportistas: es la confianza de millones de visitantes y la transparencia en la operación de un aeropuerto estratégico para Quintana Roo.
¿Existen cobros no autorizados por tarjetas TIA? ¿Se favorece a determinadas empresas? ¿Quién supervisa las decisiones del personal de seguridad? ¿Qué autoridad investigará las denuncias?
Son preguntas que merecen respuestas documentadas, no silencios institucionales.
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Fuente: CGNoticias
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