Algunas de las personas repatriadas podrían haber sido expulsadas —un proceso más rápido que la deportación— con base en una orden de salud pública que el expresidente Donald Trump invocó durante la pandemia de coronavirus y que Biden ha mantenido.
El Gobierno del Presidente Joe Biden ha deportado a cientos de inmigrantes en sus primeros días, a pesar de su promesa de campaña de que dejaría de expulsar a la mayoría de las personas que están ilegalmente en Estados Unidos desde el comienzo de su mandato.
Un Juez federal le ordenó la semana pasada al Gobierno de Biden que no implementara una moratoria de 100 días a las deportaciones, pero el fallo no requería que el Gobierno las programara. En días recientes, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha deportado a inmigrantes a cuando menos tres países: 15 personas a Jamaica el jueves y 269 a Guatemala y Honduras el viernes. Había más vuelos de deportación programados el lunes.
Se desconoce cuántas de esas personas son consideradas amenazas a la seguridad nacional o a la seguridad pública, o habían cruzado recientemente la frontera de forma ilegal, casos que se consideran prioritarios según las nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que entraron en vigor el lunes.
Algunas de las personas repatriadas podrían haber sido expulsadas —un proceso más rápido que la deportación— con base en una orden de salud pública que el expresidente Donald Trump invocó durante la pandemia de coronavirus y que Biden ha mantenido.
En la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, las autoridades de inmigración deportaron el viernes a una mujer que atestiguó la masacre de 22 personas en un Walmart en 2019. Ella había accedido a declarar en contra del agresor y se ha reunido con los fiscales locales, según sus abogados.
A la mujer se le marcó el alto el miércoles cuando conducía porque no le funcionaba una luz de freno a su vehículo; quedó detenida con base en citaciones previas de tránsito, y luego fue transferida al ICE, que la deportó antes de que pudiera contactar a su abogado, dijo Melissa Lopez, directora ejecutiva del organismo sin fines de lucro Diocesan Migrant & Refugee Services, que la representa.
La mujer es identificada sólo como Rosa porque teme por su seguridad en Ciudad Juárez, una urbe conocida por su violencia y actividad de pandillas.
Los registros de la cárcel confirman que Rosa fue fichada en la prisión de El Paso el miércoles y salió el viernes. El día de su arresto, el ICE emitió lo que se conoce como una “orden de detención”, con el fin de mantenerla tras las rejas por violaciones a las leyes de inmigración, de acuerdo con la policía del condado El Paso.
La fiscalía de distrito de esa misma ciudad confirmó el lunes en un comunicado que le había dado a los abogados de Rosa la documentación necesaria para solicitar una visa estadounidense para las víctimas de delitos. Pero en el comunicado también se afirma que Rosa “no es una víctima del caso del tiroteo en el Walmart”. La fiscalía no respondió de momento a preguntas de seguimiento.
Sus abogados dijeron que Rosa se declaró culpable en 2018 de conducir intoxicada y posteriormente el ICE la puso en libertad, lo que deja ver que las autoridades habían determinado durante el Gobierno de Trump que la mujer no representaba una amenaza para el público, señaló Lopez.
Durante la campaña presidencial, tanto Biden como la Vicepresidenta Kamala Harris se opusieron manifiestamente a las prioridades del Gobierno de Trump en materia de inmigración.
El ICE señaló el viernes que había deportado a gente a Jamaica y que lo hizo en cumplimiento de una orden judicial de la semana pasada. La agencia no respondió a varias solicitudes para que hiciera más comentarios sobre otros vuelos de deportación o sobre el caso de Rosa.
Funcionarios de Honduras confirmaron que 131 personas iban a bordo de un vuelo de deportación que aterrizó el viernes. Otro vuelo que llegó a Guatemala el viernes traía a 138 personas, y se prevé que 30 personas más arriben el lunes, dijeron funcionarios locales.
La Casa Blanca refirió las preguntas al DHS, pero un portavoz de la agencia no respondió a las solicitudes de comentarios.
La representante federal demócrata Veronica Escobar, cuyo distrito incluye a El Paso, dijo que su oficina le hizo notar el caso de Rosa a la Casa Blanca.
“Me preocupa que el ICE siga movilizándose con rapidez antes de que el Gobierno de Biden tenga una oportunidad de evaluar las cosas y proporcionar más directrices”, señaló Escobar el lunes.
Dos expertos en leyes dicen que, sin importar la orden del juez sobre la moratoria a las deportaciones, el ICE podría liberar a inmigrantes con órdenes de deportación, mantener gente detenida o demorar de alguna otra forma el proceso de deportación.
“Para la agencia, el programar las deportaciones sigue siendo una cuestión discrecional”, dijo Steve Yale-Loehr, profesor de derecho migratorio en la Universidad Cornell.
El juez federal de distrito Drew Tipton concedió la semana pasada un interdicto temporal solicitado por Texas que prohíbe la aplicación de una moratoria de 100 días a las deportaciones que había entrado en vigor el 22 de enero. Tipton dijo que el Gobierno de Biden había violado la ley federal de Procedimientos Administrativos al emitir la moratoria y no había demostrado por qué era necesario hacer una pausa.
Tipton dijo el viernes que extenderá su orden hasta el 23 de febrero. El Departamento de Justicia aún no le ha pedido a Tipton ni a una corte federal de apelaciones que bloqueen la orden.
La Casa Blanca volvió a emitir el viernes un comunicado en el que dijo creer que la moratoria es “totalmente adecuada”, y añadió que el “Presidente Biden sigue comprometido a actuar de inmediato para reformar nuestro sistema de inmigración con el fin de asegurar que conserva los valores estadounidenses al tiempo que mantiene seguras a nuestras comunidades”.
Se prevé que Biden emita el martes una serie de órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración. Se calcula que esas órdenes incluirán la formación de una fuerza especial para reunificar a las familias separadas durante el Gobierno de Trump.
