La directora de Relaciones Públicas del Municipio se presentó en el lugar con documentos que supuestamente la certificaban como dueña de los predios.
Habitantes de la colonia Selva Antigua, ubicada detrás de las oficinas de la Policía Estatal, en Chetumal, denunciaron que funcionarios municipales allegados al alcalde Otoniel Segovia Martínez están promoviendo la invasión de predios, hostigando a los vecinos del lugar.
Gabriel Peraza Várguez, vecino del lugar, explicó que en agosto del año pasado el Ayuntamiento pavimentó el acceso a la zona, por lo que pensaron que por fin había sido escuchada su petición de tener un acceso digno a su colonia.
Sin embargo, de manera sorpresiva, comenzaron a llegar más de 40 familias para asentarse en los predios vacíos, aunque la mayoría tienen dueño.
Perfectamente organizados, en menos de un fin de semana cercaron con alambres y vallas sus propias delimitaciones y construyeron hechizas viviendas para “apartar” su propiedad.
Los antiguos colonos se quejaron de que les quitaron parte de sus terrenos, por lo que denunciaron este hecho. Sin embargo, los recién llegados afirmaron que tenían el permiso del presidente municipal, Otoniel Segovia Martínez.
El mes pasado, la directora de Relaciones Públicas del Municipio, Vanesa San Germán Guerra, se presentó en el lugar con documentos que supuestamente la certificaban como dueña de los predios, los cuales había vendido a los invasores, aunque se negó a presentar los documentos.
Desde el pasado lunes, elementos de la Fiscalía General del Estado se han dedicado a asegurar los predios cercanos, incluso aquellos de personas que tienen más de 15 años viviendo en la colonia, derivado de una denuncia penal por invasión.
Los antiguos pobladores poseen títulos de posesión de la tierra validados por Catastro desde 1993.
“Vamos a presentar el próximo jueves una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, ante lo que es un atropello evidente de nuestros derechos”, puntualizó doña Peraza Várguez.
Actualmente 15 predios de ese lugar permanecen con sellos oficiales de la Fiscalía General del Estado, que en caso de violación podría generar sanciones de hasta seis años de cárcel. Los colonos temen que la funcionaria sea la que puso la denuncia penal.
