Ciudadanos por la Transparencia vigilará que los proyectos no representen una amenaza.
Las organizaciones Ciudadanos por la Transparencia, Bios Política y el Comité de Participación Ciudadana conformaron una alianza para hacer frente a la corrupción relacionada a temas medioambientales.
Este grupo expondrá los riesgos de corrupción y vigilará la elaboración y ejecución de presupuesto, así como la aprobación de proyectos que representan una amenaza.
Cynthia Dehesa, directora de Ciudadanos por la Transparencia, expuso que se pretende imprimir en el combate a la corrupción una visión de “desarrollo sostenible”.
“Tratar de convertir el combate a la corrupción como el fin último de mejorar la forma en que se hace gobierno en nuestro estado, la forma en que se manejan los dineros públicos”, dijo durante la presentación.
Entre los objetivos del colectivo está la revisión de los “vacíos, vicios y lagunas legales” que existen en Quintana Roo, además de hacer vinculantes las observaciones para que éstas se traduzcan en políticas públicas, como reformas a los ordenamientos territoriales.
El programa es impulsado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid, por sus siglas en inglés).
Se prevé la consolidación de un Observatorio Estatal Anticorrupción para el Medio Ambiente, que pueda incidir localmente.
Janet Aguirre, del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, apuntó que se trata de un ejercicio de apertura gubernamental para la incidencia en políticas públicas vinculadas al medio ambiente.
“Es lograr que a través de ejercicios puntuales en el ciclo de políticas públicas, ambientales y de desarrollo urbano poder hacer vinculatorio la opinión de expertos y expertas respecto a la urgencia de hacer modificaciones, ya sea en marcos normativos como en los procesos a través de los cuales se hacen políticas públicas”, agregó.
Entre los eventos programados se encuentran las ponencias de los expertos Ruth Cerezo Mota, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM; Eduardo Bohórquez, de la organización Transparencia Mexicana y Manuel Polo, de Bios Política.