- Ahora es ella la encargada de cobrar el derecho de piso a los empresarios de la Zona Hotelera de Cancún.
- Todo ello con el permiso del secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo; Rubén Oyarvide Pedrero, otro cómplice del “Rambo tijuanense”.
Gracias al “reciclaje” de funcionarios públicos que se ha dado en materia de seguridad pública, durante las administraciones de la actual Gobernadora Mara Lezama, las malas prácticas del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella son copiadas por los que fueron sus subalternos; es el caso de Karina Cabrera Rodríguez, quien fue una destacada alumna del “Rambo tijuanense”.
Cabe recordar que Karina Cabrera Rodríguez arribó a este estado gracias a que Jesús Alberto Capella Ibarra la nombró en el 2019; Jefa de Coordinación y Evaluación Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, tras ser su subordinada en el Estado de Morelos, donde no dio muy buenos resultados, pues durante su gestión como directora general de Seguridad Pública y Tránsito en el municipio de Xochitepec Morelos, entre el 2016 y 2018, se cometieron 101 homicidios dolosos 2 feminicidios 7 secuestros y mil 479 robos, en una demarcación con apenas 73 mil 539 habitantes.
Pese a este negro historial, ahora es ella la encargada de cobrar el tan nombrado “Derecho de Piso” a los empresarios de la Zona Hotelera de Cancún, luego de que su “maestro” Capella lo hizo durante su tan polémica administración que culminó con el escándalo del 9N, donde varias personas resultaron lesionadas por arma de fuego, luego de que sus “esbirros” trataron de disolver una marcha feminista a balazos, asunto que aún no está resuelto, pues tanto él como los policías que accionaron sus armas en ese momento están libres y sin castigo, en tanto las victimas continúan buscando quien les haga justicia.
Lo anterior quedó de manifiesto en un documento firmado por ella, donde solicita “donaciones de obsequios” (regalos), los cuales deberán de ser entregados antes del 15 de diciembre, situación que a todas luces es una actitud coercitiva, toda vez que el supuesto programa “Dignificación Policial” fue implementado por su administración, sin el concenso de la ciudanía ni de los empresarios, a quienes además les quieren aumentar los impuestos, por lo que esta solicitud es por demás abusiva y fuera de lugar, ya que parte del incremento al gravamen al hospedaje y sobre la nómina supuestamente se va destinar para la seguridad pública, según lo dio a conocer este miércoles 30 de noviembre, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza durante la presentación del Presupuesto de Egresos de Quintana Roo para 2023.
Dicho oficio empezó a circular desde el pasado 3 de noviembre, a pesar de que el Sistema Nacional Anticorrupción, desde el 2017 prohíbe dicha práctica, toda vez que los funcionarios públicos se ven obligados a rechazar dichos “obsequios”, así están plasmados en los artículos 7 fracción II, 40, 52 y 66 de la ley general de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
