En un nuevo tema de corrupción que pone en entredicho la integridad de los mandos de la Policía Municipal, se ha revelado una serie de presuntas irregularidades encabezadas por altos funcionarios, incluyendo al exdirector con clave Gavilán y otros involucrados que forman un presunto “cártel policiaco”.
Según información obtenida, en la Plaza Momoto, ubicada en la Av. Huayacán frente a la gasolinera Gulf, se estaría cobrando un servicio mensual de vigilancia ilegal por un monto aproximado de 50,000 pesos, dinero que no ingresa a las arcas municipales. Este esquema involucra rondines de seguridad y vigilancia en puntos específicos, como una construcción cercana a unas bodegas de almacenes de hoteles, pasando la funeraria, bajo órdenes directas de los altos mandos.
Fuentes internas señalan que el director, identificado como Gavilán, exige a los supervisores entregar fotografías y reportes preliminares para verificar el cumplimiento de los servicios de seguridad cobrados ilegalmente. Además, el subdirector suplente, Ixba Reyes, estaría dando órdenes de fotografiar casas vinculadas con grupos delictivos, lo que evidencia la existencia de posibles nexos entre los mandos y la delincuencia organizada.
Entre los señalados también figuran otros elementos como los policías Salas Alcudia, Emiliano alias El Texano, y el exdirector Cronos, quien actualmente se esconde en la Dirección de Participación Ciudadana. Este último es señalado de reunirse con integrantes del grupo criminal, mientras otros operan desde áreas estratégicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
De manera alarmante, se indica que estos grupos cuentan con el respaldo de marinos activos encargados de la seguridad del municipio, lo que les permite operar con impunidad. Entre las operaciones denunciadas destaca la protección a grupos delictivos como los prestamistas conocidos como gota a gota, quienes, según fuentes, no pueden ser molestados por órdenes de los mandos policiales.
Uno de los casos más emblemáticos es el del policía conocido como Chiquilín, quien figura en documentos oficiales como parte de la división canina, pero nunca ha sido visto desempeñando funciones en esa área, lo que refuerza las sospechas de encubrimiento y corrupción dentro de la corporación.
Esta red de corrupción afecta no solo la credibilidad de la Policía Municipal, sino también la seguridad de la ciudadanía, que queda expuesta a los intereses de un grupo que, lejos de proteger, parece estar al servicio de la delincuencia.
Se hace un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que realicen una investigación exhaustiva, comenzando con los guardias de seguridad de la Plaza Momoto, quienes podrían corroborar los presuntos cobros ilegales. La ciudadanía merece una respuesta clara y contundente que demuestre que no se permitirá que la corrupción siga enraizada en las instituciones de seguridad.
