Los integrantes de la congregación acusan haber sufrido al menos 157 casos de agresiones y actos de discriminación en sus lugares de trabajo y escuelas; CNDH emitió medidas cautelares.
Después de la detención del líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, por acusaciones de abuso sexual de menores y producción de pornografía infantil, los integrantes de la congregación acusan haber sufrido al menos 157 casos de agresiones y actos de discriminación en sus lugares de trabajo y escuelas, hechos que denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Veinte días después de la detención del líder, la CNDH emitió también medidas cautelares para evitar que en las escuelas ocurran actos de discriminación en contra de los estudiantes e, incluso, se lleven a cabo talleres de prevención en los planteles de todo el país.
Se trata de evitar que se repitan expresiones denostativas en contra de los integrantes de dicha iglesia, como ha ocurrido sobre todo en Jalisco, entidad donde se encuentra la mayor cantidad de feligreses, en Nuevo León, Estado de México, Tabasco, Puebla, Sonora, entre otros.
En entrevista con Animal Político, el Segundo Visitador General de la CNDH, Enrique Guadarrama López, explica que el 10 de junio, cinco días después de la detención del líder, los representantes legales de la congregación acudieron a la CNDH para exponer los casos de agresiones.
Le entregaron la documentación de 157 casos con agresiones y discriminación que habían sufrido sus integrantes. La CNDH los remitió a las direcciones de Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en los estados y las comisiones de defensa de derechos humanos estatales, donde corresponde investigar.
La Comisión sólo dará seguimiento a esos casos en un expediente que mantiene abierto, y el caso que sí investigará directamente por tratarse de una institución federal es el de una doctora del IMSS que se sintió “hostigada” por su superior, al pertenecer a la Luz del Mundo.
Medidas cautelares en escuelas
El 24 de junio pasado, el director de procesos jurisdiccionales de la SEP, Cuauhtémoc Montero, envió un oficio al titular de la autoridad educativa de la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández, en el que le informa la solicitud de medidas cautelares dictadas por la CNDH.
Debido a la “recepción de un escrito general firmado por apoderados legales de la iglesia del Dios vivo, columna y Apoyo de la Verdad la Luz del Mundo A. R. y de los 165 escritos de queja, en el que se señala que a través de los medios masivos de comunicación se han generado mensajes que construyen un discurso de odio en contra de los integrantes de la iglesia La Luz del Mundo”, se lee en el documento del que Animal Político tiene copia.
Por lo tanto, dice el escrito, se han presentado “actos de prejuicio, exclusión y discriminación en contra de niños, niñas y adolescentes por lo que la CNDH determina que se adopten medidas cautelares”.
Estas consisten en que en coordinación con las autoridades educativas en cada entidad federativa se implementen “las acciones y medidas necesarias para prevenir y evitar y en su caso sancionar todo acto de prejuicio, discursos de odio, exclusión o discriminación en todos los planteles”.
También que se establezcan mecanismos que “fortalezcan la libertad de creencias religiosas a través del respeto y la tolerancia entre quienes integran la comunidad escolar de todos los niveles educativos y en todas las entidades federativas del país, lo cual puede ser a través de cursos talleres de capacitación y eventos lúdicos y artísticos dirigidos a toda la comunidad escolar”.
El Segundo Visitador de la CNDH explica que las medidas cautelares necesitan hacerse lo más pronto posible, por eso es que fueron emitidas 15 días después de haber recibido a los representantes legales de La Luz del Mundo.
“Las medidas cautelares tienen una naturaleza muy especial, es un instrumento que tiene la CNDH para evitar hechos irreparables. Estas medidas se piden en todos los ámbitos, aunque aquí fue en el educativo. Las medidas cautelares por su propia urgencia, según la ley se les da un plazo muy corto, se dan 15 días. Había que tener mayor énfasis por la población que podría verse afectada”.
