Por Redacción Especial: Nicolas pasos.

La opacidad y el abuso de poder parecen tener rostro en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y ese rostro tiene nombre: Leslie Mayorga, actual directora de Comunicación Social de la corporación. Una figura que, en lugar de cumplir su función institucional con profesionalismo y respeto a los derechos humanos, ha optado —según información de primera mano por usar su posición para cobrar venganzas personales, filtrar información confidencial y manipular los medios a su conveniencia.

Todo comenzó el 14 de julio de 2024, cuando durante un operativo de rutina de la Policía Estatal, el reportero que firma esta nota fue detenido tras una inspección vehicular. A bordo de una camioneta en la que viajaban otras dos personas, fue sorprendido al saber que el vehículo presentaba un supuesto reporte de robo, según datos proporcionados por OCRA organismo que, hasta la fecha, no ha confirmado si la unidad fue recuperada en algún momento.

El traslado a la base ILAT fue acompañado por un hostigamiento evidente por parte del comandante Ibarra, quien utilizó tácticas de intimidación, aludiendo a la labor crítica del periodista en contra de los abusos de la Policía Estatal. En la base, se le mantuvo incomunicado, con sus teléfonos móviles en custodia por más de dos horas y sin derecho a declarar, violando con ello sus garantías individuales.

Ya en la Fiscalía General del Estado, y gracias al respaldo de documentación legítima INE, tarjeta de circulación, hoja de compraventa se comprobó que la adquisición del vehículo fue de buena fe, lo que llevó a su liberación tras agotar el protocolo de 72 horas. No hubo delito, no hubo carpeta de investigación, y mucho menos evidencias que lo vincularan con algún acto ilícito.

Hasta ahí, la situación sería una más de las tantas irregularidades que enfrentan los ciudadanos. Sin embargo, lo más grave vino después.

Leslie Mayorga, en su calidad de directora de Comunicación Social de la SSC, no solo tuvo acceso exclusivo a la fotografía del detenido material que, por ética, De acuerdo a que no hubo un boletín oficial, jamás debió ver la luz públicaʻ, sino que fue ella misma quien filtró la imagen a sus medios y amigos, violando la privacidad y vulnerando la presunción de inocencia. Y aún más grave: la fotografía fue publicada sin cubrir los ojos del detenido, como lo establece la ley, una omisión deliberada que deja claro que no se trató de un descuido, sino de una acción con dolo y con una clara intención de exhibir públicamente. La ley es clara: cualquier persona en proceso debe ser tratada bajo el principio de presunción de inocencia. Pero tratándose de alguien que señala y evidencia el mal actuar de las autoridades, ese derecho fue ignorado.

Mayorga no se detuvo ahí. A través de mensajes personales, dejó en claro que no olvidaría “haber sido nombrada” ante su compañero Jacob y advirtió que “algún día vas a necesitar de mí”, usando su posición institucional como herramienta de coerción y revanchismo.

Lamentablemente, esta no es una historia aislada. Es una muestra más de cómo algunos funcionarios públicos utilizan las instituciones no para servir, sino para proteger intereses personales y castigar a quienes se atreven a incomodarlos. Como lector, usted tiene derecho a conocer estas prácticas, porque evidenciar el abuso de poder nunca debería ser motivo de represalia, mucho menos de filtraciones ilegales.

Hoy, se hace un llamado formal a las autoridades correspondientes para que se investigue a fondo el actuar de Leslie Mayorga. Porque mientras no haya consecuencias, seguirán filtrando imágenes, violando derechos y operando en la impunidad bajo el amparo del poder.

No temo, No debo y la autoridad es libre de investigarme si así lo desea. Hasta el día de hoy e recibido amenazas! Únicamente por dar a conocer como trabaja la policía estatal. A muchos no les gustará la nota. No me importa. Y hago responsable a quien corresponda de esta situación.