La violencia volvió a mostrar su rostro más brutal en Tulum. Esta vez, no fue una cifra más en las estadísticas: fue un niño de apenas 12 años, herido de bala en el hombro y la espalda mientras caminaba por la zona de invasión 02 de Octubre. A su lado, un hombre de 31 años cayó con tres impactos: dos en el brazo y uno en el costado. El estruendo de las detonaciones rompió el silencio de una comunidad que, por semanas, se aferraba a una ilusión de paz.

Pero esa paz era falsa. Una cortina de humo que ocultaba algo aún más grave: un golpe de estado encubierto desde el poder municipal, orquestado por quienes deberían proteger a su vida.

Mientras un niño pelea por su vida, el municipio es gobernado por Diego Castañón Trejo, alcalde regiomontano y operador político del Partido Verde, hoy vestido de guinda. Bajo su mando, Tulum no solo se convirtió en uno de los municipios más violentos del país —solo por debajo de Cancún—, sino también en un ejemplo perfecto de cómo se saquea una ciudad con contratos ilegales, funcionarios reciclados del pasado más oscuro de Quintana Roo y un desprecio absoluto por la legalidad.

¿Violencia? Sí. Pero también corrupción, desfalco y cinismo.

En 2024:

• Se firmó un contrato por $5 millones 027 mil pesos con Casanova Vallejo S.A. de C.V. —empresa inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública— para arrendar 10 patrullas modelo 2021, pagando $502 mil por unidad durante 8 meses. Sin opción a compra. Sin justificación técnica.

• Se desviaron $6.8 millones de pesos mediante “ayudas sociales” entregadas a beneficiarios fantasma, dinero que, presuntamente, terminó financiando su campaña de reelección.

• Se pagaron $3.48 millones a la empresa JIVRA Computers & Systems, ligada al partido guinda, para la destrucción de documentos del archivo municipal.

• Se compró una camioneta Frontier 2024 por $893 mil 200 pesos a Grupo Munizo S.A. de C.V., empresa cuyo giro no corresponde a protección civil.

Nada de esto habría sido posible sin el engranaje perfecto de una red de corrupción institucional:

• Su secretario particular, Agustín Lara Souza, fue señalado por la PGR por lavado de dinero en el sexenio de Roberto Borge, exgobernador hoy preso. En 2017, un juez emitió orden de aprehensión en su contra por el saqueo de más de $11,800 millones de pesos al estado.

• El contrato con Casanova Vallejo fue avalado por el oficial mayor Bernabé Antonio Miranda, el tesorero Vicente Aldape Moncada, y el ex secretario de seguridad Ricardo Morales, a pesar de las sanciones vigentes contra la empresa.

Lo que ocurre en Tulum no es solo corrupción ni solo violencia. Es un golpe de estado silencioso desde las instituciones, una toma del poder público por intereses privados y redes criminales disfrazadas de gobernanza.

La sangre de un niño de 12 años en el pavimento y los millones saqueados desde presidencia municipal no son hechos aislados: son las dos caras de un mismo sistema podrido.

Mientras el pueblo vive con miedo, el presupuesto se esfuma entre contratos amañados, camionetas infladas, servicios intangibles y operadores políticos con pasado criminal. La violencia ya no solo se escucha con balas, también con licitaciones fraudulentas y cargos entregados a los saqueadores del pasado.