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TRÁNSITO DE CANCÚN OPERANDO COMO GRUPO DE EXTORSIÓN: CIUDADANOS EXIGEN JUSTICIA

En Cancún, la Dirección de Tránsito parece haberse convertido en un aparato de corrupción sistemática y abuso de poder. Talleres mecánicos y ciudadanos denuncian una preocupante red de extorsión encabezada por el coordinador del área de descacharrización, Ángel Martínez Barrios, alias “El Cuik”, quien opera a bordo de la unidad #5843, bajo la protección del director de Tránsito, Ezequiel Segovia Góngora, y el silencio cómplice del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Ana Patricia Peralta de la Peña.

De acuerdo con múltiples testimonios, estos funcionarios han implementado una estrategia para intimidar y extorsionar principalmente a propietarios de talleres, exigiendo pagos de $15 mil pesos o más para no “remitir” vehículos en reparación. La amenaza es clara: o pagan, o sus unidades serán levantadas con grúa bajo argumentos legales totalmente arbitrarios.

Esta forma de operar, revestida de legalidad, se ha convertido en una práctica constante: llegan, intimidan, inventan infracciones y ofrecen “arreglos” en el momento. Es una red de chantaje disfrazada de operativos de descacharrización.

Los afectados denuncian que ya no es sólo un acto aislado, sino un esquema bien organizado que apunta directamente a los altos mandos de Tránsito, que lejos de combatir la corrupción, la orquestan. La ciudadanía ya no confía en los uniformados, y con justa razón: han dejado de ser servidores públicos para convertirse en agresores con placa.

La situación ha encendido las alarmas en Cancún. No se puede permitir que elementos que deberían proteger y servir, se dediquen a explotar y amenazar. Es urgente que se inicie una investigación profunda, imparcial y sin encubrimientos, que lleve a la destitución y proceso penal de los responsables de estas prácticas infames.

La sociedad de Benito Juárez no puede seguir siendo rehén de funcionarios corruptos. Es momento de limpiar Tránsito, de recuperar la dignidad institucional y de dejar de tolerar que quienes portan un uniforme abusen del poder para enriquecerse a costa de la ciudadanía.

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