Cuáles son los ocho casos que mancharon al gabinete de AMLO, el presidente que prometió acabar con la corrupción

Por años, una de las principales arengas de Andrés Manuel López Obrador ha sido el combate a la corrupción, pero los hechos demuestran que el “principal cáncer en México”, como lo ha señalado el propio mandatario, sigue expandiéndose por todo su círculo cercano.

Muestras hay muchas, tanto dentro de su familia como en el gabinete de quien hoy ostenta la silla presidencial.

Una de las frases más utilizada por el inquilino de Palacio Nacional es que “las escaleras se barren de arriba para abajo” en referencia a la “limpia” que -según él- se está realizando dentro del gobierno. Sin embargo, pareciera que las cerdas de la escoba no han llegado a los personajes más cercanos a la 4T.

Foto: EFE/José Méndez/Archivo

Uno de los más claros ejemplos de ello es el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz, quien sin importar los escándalos de corrupción o ineptitud en los que esté involucrado, el político poblano goza del total respaldo del presidente de la República.

Esto volvió a quedar de manifiesto el miércoles 30 de diciembre, cuando López Obrador le dio un nuevo espaldarazo ante las voces que piden la renuncia del titular de la CFE, tras el apagón nacional ocurrido el pasado lunes, y que de acuerdo con las explicaciones del propio Bartlett, se debió al incendio en unos pastizales ubicados en Tamaulipas, lo cual ha sido desmentido por el propio gobierno estatal, e incluso, acusó a la Comisión Federal de Electricidad de haber falsificado un documento con el que buscaba responsabilizar a la administración tamaulipeca.

Durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador aseguró que existe una campaña en contra de Bartlett Díaz y dejó en claro que quien se mete con el titular de la CFE, se enfrenta con el mismo presidente, ya que fue él quien lo nombró.

“Es evidente que no quieren a Manuel Bartlett estos conservadores y muchos, yo respeto a todos, hay un grupo que no quiere a Bartlett.. Es más, no es con Manuel Bartlett, es con el presidente, porque Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré. Piensan que Manuel Bartlett es el intransigente, no, es que yo le estoy pidiendo que va (contra) esos contratos, no vamos a ser cómplices de corrupción”, aseguró López Obrador.

De 84 años de edad, Manuel Bartlett realizó prácticamente toda su carrera política de más de medio siglo en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Hay quien lo recuerda como el gran artífice de la llamada “caída del sistema”, en los resultados electorales de 1988 y gracias a lo cual, Carlos Salinas de Gortari “ganó” la presidencia del país.

Aunque el hecho lo marcó para siempre, su carrera política no se detuvo y siguió escalando posiciones importantes bajo el abrigo del partido tricolor, como la gubernatura de su estado natal, Puebla.

Sin embargo, renunció al partido en 2006 y llamó a los priistas a dar un “voto útil” a favor del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Su incorporación al Partido del Trabajo (PT) lo llevó nuevamente al Senado de la República en donde se convirtió en el coordinador parlamentario del partido.

Después, fortaleció su relación con Andrés Manuel López Obrador quien tras ganar las elecciones como presidente de la República en 2018, lo nombra como director de la Comisión Federal de Electricidad, cargo en donde a pesar de los escándalos en los que se ha visto envuelto, sigue al frente.

Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo

El 28 de agosto de 2019, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que el actual director de la CFE posee una fortuna 16 veces mayor a la que reportó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

De acuerdo con la información, Bartlett Díaz tendría una riqueza de 51 millones de pesos de ingresos anuales, aunque sus percepciones son menores, considerando el valor de las supuestas propiedades a su nombre, el de sus hijos y su pareja sentimental, Julia Abdala.

La investigación reveló que a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, el director de la CFE se hizo de un imperio inmobiliario de 25 propiedades, con un valor superior a 800 millones de pesos, y junto con sus familiares poseen 12 empresas.

Bartlett Díaz “omitió” incluirlas en su declaración porque no está casado, y porque sus hijos son mayores de edad.

Tras el escándalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un espaldarazo a Bartlett y aseguró que se trataban de ataques y “un intento de desprestigio” por parte de “los conservadores” y de la “prensa fifí”.

En mayo de 2020, justo cuando México atravesaba por el primer pico de la pandemia por COVID-19, una investigación periodística realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, vendió al gobierno del estado de Hidalgo, ventiladores respiratorios para atender a pacientes con coronavirus a un precio más alto que el del mercado.

De acuerdo con la investigación, la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a Cyber Robotics Solutions un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios, es decir, 1,550,000 pesos por cada equipo, “que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por Covid-19”.

El Gobierno de México sancionó e inhabilitó a la empresa del hijo de Manuel Bartlett que vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ventiladores para enfermos de la COVID-19 con sobreprecio. (Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK/Archivo)

La investigación ocasionó un escándalo. En algunas entrevistas periodísticas, León Manuel Bartlett Álvarez se defendió y aseguró que no existía ningún conflicto de intereses. El 13 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) levantó un acta de rechazo para devolver los 20 ventiladores que compró a León Manuel Bartlett, argumentando que no cumplía con los requerimientos.

En una presunta investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública, su titular Irma Eréndira Sandoval, aseguró que no hubo daño al erario nacional, pues derivado de la investigación, el proceso de adquisición fue suspendido.

En medio de la polémica, el periodista Carlos Loret de Mola reveló que el contrato de los ventiladores respiratorios a sobreprecio no es el único. Detalló que León Manuel Bartlett había obtenido al menos siete contratos con el gobierno federal por un monto de 162 millones de pesos.

Días después, el domingo 10 de mayo, el comunicador reveló que la casa desde la que Andrés Manuel López Obrador despachó como candidato presidencial y durante la etapa de transición, tenía un oscuro lazo con Manuel Bartlett.

La casa porfiriana ubicada en la calle de Chihuahua #216 en la colonia Roma, era propiedad de José de Jesús Hernández Torres, quien habría trabajado 49 años con Bartlett Díaz. La renta del inmueble ascendió a 130 mil pesos mensuales durante un año y cuatro meses, además de que realizó un depósito por 452,400 pesos.

Desde 1997, la empresa “Top Real Estate Company, S.A. de C.V” cuyo socio mayoritario es Hernández Torres y además es socio del hijo de Bartlett.

Ana Gabriela Guevara

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO

La medallista olímpica originaria de Sonora, llegó a la Comisión Nacional del Deporte (Conade) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bajo muchas expectativas, pero pronto se puso en evidencia que la corrupción incrustada en el organismo no cambiaría.

En enero del 2008, cuando anunció su retiro de las pistas del atletismo, Guevara Espinoza hizo énfasis en la corrupción e impunidad en el deporte. Pero a 12 años de que anunció su retiro y ahora como funcionaria pública, Ana Gabriela tiene al menos tres investigaciones en su contra, dos de ellas son por parte de la Secretaría de la Función Público (SFP).

De acuerdo con investigaciones periodísticas, la Conade ha operado con una red de empresas “factureras” a través de la que ha malversado recursos del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

Los empleados de la Conade habrían contratado servicios de las empresas Catering Housekeeping, Hospitality and Feeding Services, Edgar García Morales y Asociados, Proyectos Científicos y Tecnológicos del Sur y SEINGE, los cuales fueron pagados con fondos del Fodepar. El monto comprometido es de alrededor de 100 millones de pesos.

FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO

Una característica común entre dichas empresas es que su domicilio fiscal se encuentra en la Ciudad del Carmen, Campeche. Fueron registradas en el Registro Público de Comercio entre 2016 y 2018. Algunas de las antes mencionadas fueron detectadas por la Función Pública en la investigación que realiza desde principios de año.

Fue en febrero que la SFP dio a conocer que existieron irregularidades en la asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos del Fodepar, dinero que corresponde al primer semestre del 2019. Para la comprobación de recursos se usó documentación carente de validez fiscal.

El Fonder fue uno de los 109 fideicomisos que desaparecieron por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pese a estos antecedentes, Ana Gabriela Guevara Espinoza intentó buscar la candidatura a la gubernatura de Sonora, su tierra natal, pero al final no fue considerada por el Partido del Trabajo.

David León

David León Romero, uno de los funcionarios de la 4T que tuvo un ascenso meteórico, vio llegar su ocaso rápidamente, de la misma manera como subió en la política nacional.

Empezó su carrera como vocero del Partido Verde en el Senado y luego fue coordinador de comunicación del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.

En los primeros dos años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fungió como coordinador nacional de Protección Civil. El 30 de julio de 2020, el presidente anunció la creación de una empresa encargada de la distribución de medicamentos a nivel nacional, la cual estaría dirigida por León Romero.

Ese día, el mandatario se expresó así de David León.

“Imagínense lo que nos importa que uno de los mejores servidores públicos del gobierno se va a hacer cargo de este asunto. Ya no va a estar en Protección Civil, y vaya que nos ha ayudado muchísimo ahora con el huracán que afectó en el norte él estuvo allá”, agregó el presidente.

Días después, el 20 de agosto, Carlos Loret de Mola dio a conocer un video en el que se observaba a David León entregando dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. El dinero presuntamente era para la campaña presidencial de 2018.

Tras el escándalo, León Romero presentó su renuncia y dijo que acudiría voluntariamente a la Fiscalía General de la República (FGR) para “ponerse a sus órdenes”.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el video (grabado por el mismo David León) no se trataba de un asunto de corrupción, sino que la entrega del dinero en efectivo eran “aportaciones” para fortalecer el movimiento. Incluso se atrevió a decir que las imágenes eran una reacción de sus adversarios a su decisión de acabar con la corrupción.

El hermano del presidente interpuso una demanda contra el responsable de la difusión de los videos. Calificó la divulgación de los videos como “hechos presuntamente constitutivos de delitos cometidos en agravio de su persona y de su familia (…) a través del espacio de comunicación Latinus, dirigido por el periodista Carlos Loret de Mola”.

Es por eso que reclamó, castigar penalmente a quien divulgó los videos. Las sanciones podrían ir de seis a 12 años de prisión y 300 a 600 días de multa.

Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto realizara una “investigación”, determinó que no encontró indicios de lavado de dinero o triangulación de recursos sobre las finanzas del hermano del presidente ni de David León. Sin embargo, señaló que aún faltaba determinar si se habían cometido delitos electorales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó una investigación, pero a finales de noviembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que el proyecto que pretendía desechar la queja de Pío López Obrador, hermano del presidente de México, en contra de las investigaciones del INE fue revertido.

De tal modo que el Tribunal Electoral analizará a detalle si el INE debe continuar con las investigaciones en contra de Pío López. Aún no se llega a una determinación.

Irma Eréndira Sandoval

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO

El pasado mes de junio, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública -dependencia encargada de que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, así como de sancionar a los que no lo hacen-, se vio envuelta en el ojo del huracán, luego de que una investigación periodística realizada por el portal Latinus reveló que a la funcionaria y su pareja, el investigador John Ackerman -ambos, muy cercanos a López Obrador-, cuentan con propiedades millonarias.

Cuando en la Ciudad de México gobernaba el hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Irma Eréndira Sandoval recibió como regalo un terreno de 253 metros cuadrados al sur de la capital que hoy está valuado en seis millones de pesos,.

Además, se encontró que la pareja cuenta con otras cinco propiedades adquiridas en tan solo nueve años, cuando ambos se desempeñaban como académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todas ellas fueron pagadas de contado y se encuentran ubicadas en zonas de alta plusvalía de la capital del país y en el municipio de Tepoztlán, Morelos.

El costo total de las propiedades asciende hasta los 60 millones de pesos, según los avalúos en el mercado. Esta cifra es cinco veces mayor que lo que la funcionaria reportó en sus bienes inmuebles como parte del gabinete de López Obrador.

En su declaración patrimonial, Eréndira Sandoval detalló que los seis inmuebles los adquirió en copropiedad con su esposo y suman un total de 9 millones 255 mil pesos. Sin embargo estos son datos desactualizados.

La funcionaria solo dio a conocer dos casas y tres departamentos con los precios de adquisición excusada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Pese a los señalamientos, Irma Eréndira permanece en su puesto como la encargada de investigar a los funcionarios corruptos.

Pablo Amílcar Sandoval

Pablo Amílcar Sandova, hermano de Irma Eréndira Sandoval

Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, era uno de los llamados Superdelegados del gobierno de la 4T, es decir, aquellos funcionarios que supervisan los recursos de los programas sociales federales.

Pese al evidente caso de nepotismo, Pablo Amílcar Sandoval siguió desempeñándose como Superdelegado en Guerrero, estado que aspira gobernar, en medio de señalamientos de realizar actos proselitistas cuando aún era funcionario público. Aseguran que habría presumido como propios los programas sociales del gobierno federal.

Se describe como un “descendiente de una estirpe de lucha y compromiso social” y destaca ser hijo del abogado Pablo Sandoval Ramírez, líder del movimiento estudiantil de los sesenta, sindicalista universitario y el primer guerrerense en ocupar el cargo de presidente de la Cámara de Diputados.

Pablo Amílcar Sandova, hermano de Irma Eréndira Sandoval

Sobre sus estudios menciona en su sitio web personal que cuenta con la licenciatura de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como estudios de posgrado en la Universidad de Yale. Además de eso, se califica como un “experto en democracia, federalismo y política económica”.

Pese a que asegura ser de “izquierda” y apegarse a los fundamentos de la 4T como a la llamada “austeridad republicana”, Pablo Amílcar Sandoval fue captado usando una camioneta 4×4 blindada y con escoltas.

El hecho ocurrió cuando llegó a registrarse como precandidato a la gubernatura de Guerrero. El hermano de Irma Sandoval, fue grabado en video cuando se presentó a la sede de la bancada, ubicada en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, para llamar a la unidad y cohesión interna.

El vehículo en el que se transportó fue una camioneta blanca RAM Limited, cuyo valor comercial, es de un millón 299 mil pesos, según los precios de las concesionarias.

Ricardo Rodríguez Vargas

Foto:/Presidencia

El pasado mes de septiembre, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), la institución emblemática de la Cuarta Transformación creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la promesa de “acabar con la corrupción y el saqueo de los gobiernos anteriores”, se vio envuelto en un escándalo de corruptelas.

Los rumores comenzaron de tiempo atrás, cuando Ricardo Rodríguez Vargas era su titular, pero tras darse a conocer la carta de renuncia del que era el nuevo titular del Instituto, Jaime Cárdenas, -ocurrida el 21 de septiembre de 2020-, se confirmaría que dentro del Instituto, concebido para combatir “el cáncer de la corrupción” que infestó al antiguo Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), sigue creciendo sin que pueda ser aniquilado.

Pero en lugar de respaldar y sobre todo, mandar a hacer una investigación sobre lo denunciado por Cárdenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador tundió a quien fue su abogado y representante electoral cuando era candidato a la presidencia de la República, así como consejero electoral del desaparecido IFE.

El mandatario aseguró que Jaime Cárdenas “no le entró” a limpiar al Indep .

“Limpiar, que era lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró. Ayer hablábamos de que para ser servidor público, sobre todo en un proceso de transformación, se requieren ganas, para todo en la vida, convicciones y arrojo y no rendirnos”, aseguró.

Durante su tradicional conferencia en Palacio Nacional, el presidente aseguró que los grandes problemas se enfrentan, “echándose para adelante”, y recalcó que a Jaime Cárdenas le dio miedo e impotencia por no saber manejar las cosas al interior del Indep.

(Foto: Twitter@IndepOficial)

Pero la respuesta de Jaime Cárdenas llegó a través de una entrevista.

Aseguró que su lealtad con López Obrador y el gobierno federal no era ciega sino reflexiva, y que ahí fue donde comenzaron los problemas. Dijo que aunque el mandatario tenga muchas críticas contra él, lo considera como “un buen presidente”.

Lo expuesto en la carta de Cárdenas García, confirmaría lo que ya había denunciado Ricardo Rodríguez, ante la Fiscalía General de la República (FGR): un grupo de funcionarios del Indep, habrían robado piezas muy valiosas hechas de oro, diamantes, esmeraldas, rubí y zafiro de piezas que serían subastadas más adelante.

Antes de su renuncia, Ricardo Rodríguez habría solicitado una reinspección en la bóveda 1428 del registro de joyas por el presunto daño que identificaron en los objetos que se resguardaban en ella.

Pero a decir del periodista Salvador García Soto, la salida de Ricardo Rodríguez, la cual se manejó como “renuncia”, en realidad fue “un cese fulminante” ordenado por el presidente, lo que -a consideración del columnista- confirma que en Palacio Nacional supieron desde entonces que se estaban cometiendo graves irregularidades y manipulaciones en las subastas y el manejo de los bienes decomisados y en propiedad del gobierno federal.

Hasta el momento, se desconoce si Ricardo Rodríguez es investigado por las acusaciones de corrupción.

Alejandro Esquer

Alejandro Esquer Verdugo, secretario Particular de Andrés Manuel López Obrador (Foto: gob.mx)

Tras su renuncia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) como consecuencia de la corrupción que se padecía en su interior, Jaime Cárdenas reveló que Alejandro Esquer Verdugo -secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador- era la fuente de los males en el interior del Indep, toda vez que solapó actos de corrupción en el instituto, en el cual otros robaron patrimonio e hicieron negocios.

Pero no es el único caso ilegítimo en el que uno de los hombres más cercanos al mandatario estaría envuelto.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna que publica en El Financiero, en agosto de 2019, su hija Carmelita fue nombrada como directora de Pemex Procurement International, división encargada de adquirir insumos para la empresa.

El problema es que no tenía experiencia en ese campo, además de que fue elegida para ese puesto por Octavio Romero Oropeza, actual director de Pemex y un personaje íntimo de López Obrador, resaltó el periodista.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

Raymundo Riva Palacio también citó un reportaje del medio Eje Central, en el cual se dio a conocer que tanto Esquer Verdugo como Ernesto Prieto, sustituto de Cárdenas en el Indep, visitaron un almacén en Toluca, en donde guardaban objetos que ya se habían subastado y se los llevaban “sin hacer los registros a los que obliga la ley, con el argumento de que se necesitaban para la pandemia”.

Alejandro Esquer Verdugo es originario de Ciudad Obregón, Sonora y miembro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) -partido fundado por Andrés Manuel López Obrador- desde 2012, y aunque fue servidor público en gobiernos priistas, en la década de 1990 los caminos de Esquer Verdugo y del político tabasqueño se cruzaron, y desde entonces, se ha convertido en amigo cercanísimo del ahora presidente de la República.

Carlos Lomelí

FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO

Carlos Lomelí Bolaños, ex delegado federal de Jalisco, fue acusado de conflictos de interés por tener, supuestamente, diversas empresas de distribución farmacéutica que recibieron millonarios contratos del gobierno.

Lomelí Bolaños también fue diputado federal por Morena en la LXIII Legislatura por Guadalajara, Jalisco, y ejerció su cargo de 2015 a 2017, cuando fue señalado por beneficiar a sus empresas, Lomedic y Laboratorios Solfrán.

Lo anterior quedó expuesto gracias a una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por lo que se inhabilitó a ambas empresas (2019), al tiempo de que se interpusieron cuatro de las denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El pasado 24 de enero, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que una de las dos empresas inhabilitadas tramitó un amparo. Se trata de Laboratorios Solfrán, firma que había sido incapacitada por dos años seis meses y una sanción por 1,051,500 pesos, pero el mismo Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictaminó la suspensión definitiva de ambas sanciones, sin embargo y a pesar de la sanción volvió a obtener un contrato.

Sin embargo, el 11 de noviembre pasado, el propio Lomelí Bolaños aseguró que fue exonerado de las 11 acusaciones de las que fue señalado.

Aseguró que el 5 de noviembre, la 13 Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas no acreditó ninguna de las faltas por las que lo señalaron.

“Se desecharon todas las pruebas a la Función Pública de las que era acusado”, afirmó.