Cozumel, 2 de mayo 2022.- Derivado de la masiva difusión de un video donde se identifica a Teresa de Jesús Sosa Pool, funcionaria de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, en la ciudad de Cozumel, realizando proselitismo político, mediante apoyos económicos con recursos de origen ilícito, en beneficio del partido Morena y del candidato de la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana” en la ínsula, el Partido de la Revolución Democrática, interpuso formal denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado con sede en Chetumal, por lo que lo que esta instancia abrió la carpeta de investigación correspondiente e inicio la averiguación respectiva.
La fuente informó que la denuncia se encamina a acreditar conductas ilícitas de la funcionaria señalada en la vertiente de delitos en materia electoral, consistentes en: (i) Ejercer presión sobre los electores e inducirlos a votar por un candidato o partido determinado; (ii) Realizar propaganda electoral mientras cumple sus funciones durante la jornada electoral; (iii) Ejercer presión sobre ciudadanos e inducir personas a respaldar a otro para obtener su registro como candidato (iv) Obtenga y utilice a sabiendas fondos provenientes de actividades ilícitas para fines electorales; supuestos previstos en las fracciones I, II, VII y VIII del artículo 265 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Adicionalmente comentó que dichas conductas indebidas tienen la finalidad de lesionar el proceso electoral, en perjuicio de la C. Laura Lynn Fernández Piña, candidata a la gubernatura por el Estado de Quintana Roo y de los institutos políticos que respaldan su candidatura mediante la coalición “Va por Quintana Roo” conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo, con el consecuente daño a la sociedad.
Finalmente, la fuente indicó que en dicho video se acredita fehacientemente la voz de la denunciada, la cual no se ha deslindado de dicho hecho, y en el cual les pide disculpas a sus “brigadistas” o “ilegales promotores del voto”, por no contar con el dinero para pagarles, actuando como toda una operadora de campaña política, pero con dinero ilícito, lo cual debe investigarse a fondo para frenar ese tipo de conductas que están vulnerando la equidad en la contienda en el actual proceso electoral.
