Las autoridades identificaron que desde la oficina de ingresos coordinados se llevaba a cabo la operación para despojar a los dueños de sus viviendas de interés social.
En Quintana Roo, el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, descubrió una red conformada por funcionarios públicos que despojó de sus viviendas de interés social a ciudadanos de Cancún, mediante procedimientos irregulares.
En 2006 Mónica Pech compró su vivienda, ubicada en la colonia Haciendas del Caribe de Cancún, Quintana Roo a la hipotecaria Su Casita. En 2013, esta empresa fue declarada en quiebra.
“Cuando estaba Su Casita yo hacía mis pagos cada mes. De repente dejó de existir y cuando quise pagar ya no era su casita”, dijo Mónica.
Aunque dejó de pagar su hipoteca, en 2018 buscó ponerse al corriente con el impuesto predial en el Municipio de Benito Juárez. Ahí, dice, se llevó una sorpresa.
“Ahí me dicen que hay un detalle, que mi casa está en procedimiento, el Ayuntamiento ya había rematado mi casa”, dijo Mónica Pech, habitante de Cancún.
El Ayuntamiento de Cancún remató la vivienda de Mónica a la empresa Tertius, que se dedica a administrar la cartera vencida de lo que fue Hipotecaria Su Casita.
“Giraron orden a la notaría para que ya le escrituren a ellos, entonces la escritura ya estaba hecha a nombre de Tertius”, dijo Mónica.
La notaría que realizó la nueva escritura de la casa de Mónica fue la 114 de Cancún. Esta fue una de las notarías autorizadas por el exgobernador Roberto Borge, acusado de corrupción.
Al revisar el proceso administrativo que abrió el ayuntamiento por no pagar 5 años de impuesto predial, la mujer detectó que un notificador de nombre Limberg Humberto Gual aseguró que la vivienda se encontraba desocupada y en estado de abandono. En el expediente se colocó la fotografía de una casa para documentar el domicilio, cuando en realidad la casa de Mónica Lucía diferente en 2018. Además, dice, todas las notificaciones de este proceso nunca se hicieron en el domicilio de Mónica.
“Todo lo que habían escrito era falso”, refirió Pech.
Este caso es uno de cientos registrados en Cancún. Todos con el mismo modus operandi presuntamente organizado desde las oficinas del ayuntamiento, en una amplia zona de colonias populares de Cancún.
Reyna Arceo investiga estos procedimientos desde 2018 cuando llegó a la contraloría de Cancún.
“Tenemos hasta ahorita 750 expedientes que se han revisado que son expedientes que están indebidamente integrados”, dijo Reyna Arceo, contralora del municipio de Benito Juárez, Cancún.
Las autoridades identificaron que desde la oficina de ingresos coordinados se llevaba a cabo la operación para despojar a los dueños de sus viviendas de interés social.
Jeannina Galindo Medrano, directora de ingresos y cuñada del exgobernador Roberto Borge, junto con Fernando Mendoza Martínez, jurídico de la dirección de ingresos, son señalados como operadores de este esquema que beneficiaba directamente a dos empresas: proyectos Adamantine y patrimonio Tertius, quienes compraban las casas que remataba el ayuntamiento.
“Encontramos esta presunta red de corrupción, en el papel decía que les habían notificado, que tenían un proceso jurídico el cual era falso y de esta manera se coludieron las autoridades para despojar a las personas”, afirmó Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.
Al no enterarse de estos procedimientos, los legítimos dueños estaban en indefensión. Así lo consideraron jueces federales que les otorgaron amparos. Hasta el momento 8 propietarios, entre ellos Mónica, han recuperado sus casas. Las autoridades esperan que más ciudadanos denuncien.
