Instalan el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Quintana Roo
Chetumal.- Con el objetivo de garantizar y priorizar la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes quintanarroenses, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de 2023 y la instalación del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
El encuentro estuvo encabezado por Norma Gabriela Salazar Rivera, Secretaria Ejecutiva del SIPINNA, quien indicó que el objetivo de la instalación es colocar al centro de las políticas públicas la atención prioritaria de las niñas, niños y adolescentes.
“Como parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo, fortalecemos la estrategia impulsada por la gobernadora Mara Lezama, quien además es presidenta de este importante sistema de protección. En Quintana Roo, estamos trabajando accionando mecanismos para privilegiar el interés superior de la niñez”, dijo.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), Carlos Gorocica Moreno, en representación de la gobernadora Mara Lezama, tomó protesta a los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Quintana Roo (SIPINNA), destacando que se aplicará con cabalidad la ley que protege a lo más valioso que una sociedad tiene, como son las niñas, niños y adolescentes.
Durante la sesión se presentaron importantes acuerdos de trabajo para la Atención y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en temas como la prevención del Trabajo Infantil y Adolescente, la atención a la Niñez Migrante y Refugiada, la Primera Infancia y la prevención del Embarazo Infantil y Adolescente.
Norma Gabriela Salazar Rivera destacó: “nos une el trabajar por nuestra niñez, nos une trabajar por la adolescencia, somos factores de cambio y podemos realmente conjugar esfuerzos interinstitucionales para cumplir eficientemente los preceptos de la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Cabe recordar, que el SIPINNA fue diseñado para la alineación, transversalización, diseño e implementación de la política pública con perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia en los órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, servicios y presupuestos a nivel nacional, local y municipal.
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