Quintana Roo

Corrupción, litigio y desinterés deja a quintanarroenses sin acceso a más playas de Cancún

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*Lo que fue las Villa Juveniles CREA abandonadas, una playa inaccesible y particulares que se disputan un predio. *El estado con la policía y la Marina Armada de México, amedrenta a periodistas que documentaban las condiciones del lugar.

Cancún, Quintana Roo.- Un litigio entre particulares, el desinterés del gobierno, probables actos de corrupción de funcionarios federales de la Cuarta Transformación y otras tantas aristas, es lo que mantiene hoy a los quintanarroenses sin la posibilidad de disfrutar de las Playas del CREA, ubicadas en el kilómetro 3.5 del bulevar Kukulkán en la Zona Hotelera de Cancún.

En lo que puede ser el acceso a la playa se observa letreros instalados por el Gobierno del Estado, en el que advierten que son predios en litigio, desde el bulevar Kukulkán, pero en la zona de playa, es notoria la corrupción y la impunidad que impera, donde solamente unos cuantos pueden gozar de la playa, mientras que es zona prohibida para los quintanarroenses.

Se acerca las temporadas vacacionales, los puentes vacacionales de carnaval, de Semana Santa, y todas en donde crece la demanda por un espacio para disfrutar del sol, y arena que ofrece el primer destino turístico de playas de México, pero una vez más, estará cerrada la Playa del CREA, como es conocida.

Los grupos ambientalistas, ecologistas y demás representantes de la sociedad organizada en el desinterés total y nadie reclama los espacios públicos, posiblemente porque no deja los suficientes dividendos para enfrascarse en una defensa ciudadana de las playas.

Algunos de los que hoy son funcionarios de gobierno, ya sea municipal o estatal, hace pocos años les tocó disfrutar de las Playas del CREA, pero hoy, a nadie le interesa.

La historia se torna añeja, y será otro sexenio estatal al que le quedará como un pendiente hasta la siguiente administración, mientras, no hay accesos a la playa, la cual está convertida en un embarcadero para quienes tienen el poder adquisitivo para pagar uno de los costosos paseos en catamarán o en yates.

Se tuvo acceso a documentos donde revelan que MARINA CHAC CHI cuyo propietario es Gaspar Narciso Paredes Cardeña, quien ha usado documentación falsa para adueñarse del lugar.

El 27 de marzo de 2019, en la Carpeta de Juicio número 06/2019 una juez resolvió que Gaspar Narciso Paredes Cardeña es penalmente responsable del delito de FRAUDE PROCESAL, por lo que se le sentenció a una pena de 6 meses de prisión y una multa.

El motivo de esa sanción, fue precisamente por usar documentos falsos para acreditar el arrendamiento del predio en cuestión.

Los documentos falsos utilizados fueron:

 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – Entre la COJUDEC y Gaspar Narciso Paredes Cardeña, el primero con carácter arrendador y el segundo como arrendatario (01/12/2001)

• CONTRATO DE CESION DE DERECHOS ADCORPUS – Entre la COJUDEC y Ponce Arguelles García alias Ponceano Aguelles García, el primero con el carácter de cedente y el segundo de cesionario (15/12/2001)

• CONTRATO DE COMPRAVENTA- Celebrado entre Ponceano Arguelles García alias Ponceano Aguelles Garcia como vendedor y Gaspar Narciso Paredes Cardeña como comprador (15/02/2002)

CONSTATA API VIOLACIÓN DE LA LEY POR PARTE DE MARINA CHAC CHI

Un reporte de la Administración Portuaria de Quintana Roo (APIQROO) indica que derivado de una visita técnica el 23 de julio de 2021, para la rectificación de medidas de muelles y zona operacional, la empresa MARINA CHAC CHI, construyó más metros cuadrados de lo permitido.

Incluso, el personal les negó el acceso a la infraestructura que se encuentra fuera de la ley.

Por lo menos, la empresa comete cinco delitos, entre los que figura delitos ambientales:

  • Ocupación de bienes nacionales sin título de concesión.
  • Relleno ilegal de playas.
  • Afectación a especies protegidas
  • Dragado sin autorización ni licencias, en áreas protegidas.
  • Ampliación de muelles sin manifestación de impacto ambiental.

Además, el contrato API-CUN-REG-106-221-09 ya se encuentra vencido, no obstante, sigue operando.

Con imágenes de un dron, se puede observar la zona devastada en cuanto a los pastos marinos, el crecimiento de los muelles, y la zona que hoy el enfrentamiento entre particulares, mantiene frenado un proyecto para crear una playa pública para el goce y disfrute de turistas y habitantes de Quintana Roo.

OTORGÓ SEMARNAT CONCESIONES CON DOCUMENTOS FALSOS

Dentro del expediente se observa que Rodrigo Hernández Aguilar, en su calidad de director de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, renovó de manera irregular la concesión a MARINA CHAC CHI por quince años, además, triplicó la superficie que originalmente se había otorgado en un contrato que ya se encuentra vencido.

Ante el Ministerio Público Federal se emitió un oficio por parte de Horacio Bonfil Sánchez, titular de la Dirección General de Gestión y de Suelos, en suplencia del titular de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, de la SEMARNAT, donde especifica que efectivamente hay irregularidades.

UN PROYECTO DE AGEPRO QUE NO SE REALIZÓ

En algún momento se anunció por medio de Gobierno del Estado, que la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, tenía considerada una millonaria inversión para convertirlo en una playa Pública, sin embargo, todo ha quedado en las buenas intenciones y nadie da la cara para saber qué ha pasado y hasta dónde es posible.

POLICÍA Y MARINA, AMEDRENTAN A REPORTEROS

Durante el trabajo periodístico en el lugar que se argumenta es PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR MEDIO DE LA AGEPRO, periodistas que realizaban el levantamiento de imágenes, fueron intervenidos por elementos de la Policía y la MARINA ARMADA DE MÉXICO.

El elemento de la municipal que realizó la intervención, señaló que realizaban un recorrido, no obstante, es notorio que llegaron directamente a cuestionar la presencia de reporteros y se regresaron por el mismo lugar, esto puede ser corroborado con las imágenes que se muestran en la siguiente liga:

Se desconoce si fueron enviados por alguna instancia de gobierno o alguno de los particulares que tienen en litigio los predios.

Cabe mencionar que en todo momento los trabajos se realizaron en una zona pública.

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