julio 2, 2024
-Integrantes presentan propuestas para garantizar y proteger derechos de las y los jóvenes bajo internamiento en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes
Chetumal.- Integrantes de la Subcomisión de Justicia para Adolescentes celebraron su primera reunión de trabajo, con el objetivo de diseñar acciones prioritarias de este sistema, tomando en consideración los retos en la impartición de justicia para las y los jóvenes en conflicto con la ley.
En este primer encuentro, se determinó presentar ante el pleno de la Subcomisión la propuesta de llevar jornadas de servicios de salud, atención psicológica, actividades deportivas y ofertas laborales para las juventudes internadas en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes (CEMA), con el fin de garantizarles una atención integral y digna, en concordancia con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo, promovido por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.
Asimismo, se resaltó la importancia de profesionalizar a las personas operadoras en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, al tratarse de un sistema especializado que requiere conocimientos interdisciplinarios en materia de derechos de niñez y adolescencias, habilidades para el trabajo con adolescentes, entre otras competencias.
Al respecto, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que encabeza Norma Gabriela Salazar Rivera, ofreció una capacitación inicial con enfoque de derechos humanos de las adolescencias para el personal del CEMA.
Por otro lado, se acordó fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar la plena reinserción y reintegración familiar de personas adolescentes en conflicto con la ley, a través de la inclusión social, laboral, educativa, cultural y deportiva de esta población.
La Subcomisión de Justicia para Adolescentes de Quintana Roo se propone establecer procedimientos diferenciados y basados en el pleno reconocimiento de los derechos humanos para las adolescencias en conflicto con la ley, diferenciándolos de los procedimientos destinados a las personas adultas.
