Tiene 71 años y trabaja como obrero. Sin embargo, la vida de Ricardo Martinez Perea no siempre fue así. Hace 15 años era General brigadier, pero su sino se opacó cuando el entonces presidente Vicente Fox lo acusó de ser protector del narcotraficante Gilberto García Meza, El June, y ordenó meterlo en prisión. Y ahí estuvo tres lustros, hasta que recobró su libertad.
Hoy, Martínez Perea intenta demostrar su inocencia, pero las autoridades castrenses siguen poniéndole obstáculos. Él no deja y anuncia que llevará su caso a instancias internacionales.
En abril de 2001, el entonces presidente Vicente Fox sentenció al último oficial táctico del Ejército mexicano, el general brigadier Ricardo Martínez Perea. Lo acusó públicamente, desde Colombia, de ser un protector del narcotráfico.
La justicia militar cumplió rigurosamente la orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y lo condenó a 15 años de prisión, tal como lo había anunciado el gobernante.
Pese a las irregularidades procesales y de que sus supuestos protegidos obtuvieron su libertad, el general Martínez Perea purgó la totalidad de la sentencia en distintas cárceles civiles y militares del país, incluida la colonia penal federal Islas Marías, en Nayarit, junto a delincuentes que él mismo había detenido.
El 5 de abril del año pasado salió de su último lugar de reclusión, el penal de Islas Marías. Y ahora, a sus 71 años, sigue con su batalla legal cuesta arriba para que la justicia militar lo declare inocente, pues nunca se demostró su culpabilidad.
No obstante, el Supremo Tribunal Militar se niega a citar a sus acusadores, entre ellos a Fox y a quienes fueron secretario de la Defensa Nacional, el general retirado Clemente Vega García, y procurador general de la República, el general retirado Rafael Macedo de la Concha.
La única prueba en contra de Martínez Perea fue un anónimo que lo acusó de proteger al Cártel del Golfo en su condición de comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizado, asentado entonces en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La búsqueda del reconocimiento de inocencia es para limpiar su nombre y su honor militar, pero también para recuperar sus derechos; sobre todo la atención médica y la pensión que ya se había ganado con casi 40 años de servicio cuando fue detenido, aun cuando tenía una década por delante como miembro activo del Ejército, al que perteneció su padre y al que también sirven su hijo y uno de sus yernos.
Trabajador ocasional
Despojado de su grado y de sus haberes, y con la deuda familiar para el pago de su defensa, Martínez Perea ahora se ocupa en una fábrica de autopartes en San Luis Potosí. Por su edad y su antecedente en prisión, no puede aspirar a más.
“Estoy trabajando como obrero eventual en una empresa japonesa en el área de control de calidad. Son piezas de carburadores que no deben tener ningún desperfecto. Me pagan 140 pesos al día… cuando hay trabajo.
“Me han ofrecido empleo en empresas de seguridad, pero no puedo por mis antecedentes penales”, dice en entrevista el general brigadier, cuya hoja de servicios incluye 29 reconocimientos por escrito de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por sus aseguramientos de droga, dinero y bienes a narcotraficantes. La mayoría, irónicamente, en Tamaulipas.
En una precariedad similar están los coacusados en el mismo caso, el capitán de caballería Pedro Maya Díaz y el teniente de caballería Javier Antonio Quevedo Guerrero, quienes también estuvieron 15 años en prisión. El general y los oficiales fueron acusados de “delitos contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera con el narcotráfico”.
Vicente Fox tenía apenas cuatro meses en el poder, pero su gobierno ya tenía encima una gran carga conocida internacionalmente: la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de Puente Grande Jalisco, el 19 de enero de 2001, a sólo mes y medio de haber llegado a Los Pinos.
Prófugo durante los dos sexenios del PAN, el exlíder del Cártel de Sinaloa está ahora en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, en espera de ser enjuiciado por la justicia estadunidense, luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo extraditara el 19 de enero pasado, justo a los 16 años de habérsele escapado al gobierno de Fox.
Aquella primera fuga de Guzmán ponía en riesgo la certificación que entonces el gobierno estadunidense hacía de México en cuanto al combate al narcotráfico, y que se traducía en asistencia en la materia, pero sobre todo en el apoyo de Washington.
El 6 de abril de 2001, Fox aprovechó una coyuntura internacional para mencionar la captura del general. De visita en Colombia, en donde asistió a una reunión del Grupo de los Tres (Colombia, México y Venezuela), se refirió a lo que un día antes había anunciado su entonces vocera, Marta Sahagún: las detenciones del general brigadier Ricardo Martínez Perea, del capitán segundo de caballería Pedro Maya Díaz y del teniente de caballería Javier Antonio Quevedo Guerrero.
En conferencia de prensa con el entonces presidente colombiano, Andrés Pastrana, abundó: “Una acción como la que se realizó el día de ayer…, donde queda detenido y encarcelado un general del Ejército mexicano, junto con otros de sus colegas, al igual que 19 narcotraficantes y más de 20 toneladas de droga incautadas, son actos que generan confianza”, respondió cuando fue cuestionado sobre la certificación de Estados Unidos.
En realidad el general ya tenía varios días preso y se encontraba incomunicado. “El 3 de abril de 2001 fui detenido en Nuevo Laredo y trasladado en avión a los separos de la Policía de Justicia Militar, en el Campo Militar número 1 (CM1) de la plaza de Ciudad de México.
“A los dos días me pusieron una defensa y no me dejaron poner un abogado de mis confianzas. Yo declaré lo que era, que las acusaciones eran falsas”, relata en entrevista en la Ciudad de México, donde sigue buscando que la justicia militar le reconozca su inocencia.
Justicia denegada
Apenas en enero pasado, el Supremo Tribunal Militar se negó a darle entrada a su petición. Después de una audiencia en la que solicitó la presencia del propio Fox y de 14 generales, entre ellos el general Clemente Vega García, la justicia castrense le dijo que no procedía el recurso por no presentar pruebas nuevas. La negativa, de acuerdo con el general Martínez Perea, viola un amparo que obtuvo para que le admitieran la presentación de los testigos.
Tras su primera declaración y de estar incomunicado durante dos días en los separos de la Policía Judicial Militar, fue ingresado formalmente a la prisión del CM1. Ahí estuvo ocho años. La otra mitad de su condena la pasó entre Tepic, Morelos e Islas Marías.
En Morelos estuvo en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, al sur de Cuautla, a donde llegó procedente de Nayarit. “Me trataron como a un loco”, refiere como respuesta ante sus quejas de que su salud quedó afectada. Después lo regresaron al Centro Federal de Readaptación Social número 4, El Rincón, en Tepic.
Luego lo trasladaron a la colonia penal federal Islas Marías, también en Nayarit. Estuvo en el módulo Laguna del Toro, donde vivió, en febrero de 2013, el motín de 650 reos que quemaron colchones y muebles en protesta por las condiciones de prisión y que dejó cuatro custodios lesionados.
También estuvo de servicio en Oaxaca, donde destacó asimismo por aseguramientos relacionados con el narcotráfico y por detenciones de agentes de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR)
Al momento de su arresto en Tamaulipas llevaba aseguradas 80 toneladas de mariguana, varios kilos de cocaína, armas, vehículos, joyas y dinero. “Tengo las felicitaciones de los comandantes de la Región Militar y de la Zona Militar por esas acciones, incluidas del propio general Clemente Vega”.
Cuando fue ingresado al módulo Laguna del Toro, en las Islas Marías, se encontró con narcotraficantes a los que había detenido en Tamaulipas, entidad controlada entonces por el Cártel del Golfo, cuyo líder era Osiel Cárdenas, quien fue extraditado en 2007 a Estados Unidos, donde tres años después fue condenado a 25 de prisión.
“En Islas Marías había mucha gente a la que yo había detenido. No había duda de que me querían perjudicar de cualquier forma porque yo nunca dejé de defenderme”, dice Martínez Perea, quien ingresó a los 20 años al Colegio Militar.
En ese módulo estaba también uno de los responsables de la decapitación de nueve soldados en Chilpancingo, Guerrero, en diciembre de 2008. “No será la primera cabeza que corte”, cuenta el general respecto del acoso al que lo sometió ese interno. La confrontación fue inevitable, pero el general se ganó el respeto y la confianza de otros presos, a quienes ayudaba en sus procesos penales.
“El June”: captura y liberación”
Mientras daba esas peleas, su supuesto protegido, Gilberto García Meza, El June, obtenía su libertad a través de un amparo por violaciones al debido proceso, pues el cateo para su detención fue considerado ilegal por la justicia federal. De esa manera, se anuló la pena de 43 años de prisión a los que había sido condenado.
Martínez Perea supo de la detención del June a los nueve días de entrar a la prisión del CM1. “Nos enteramos por la televisión de que hubo otro cateo en la casa del June y que lo encontraron en un compartimiento secreto”, dice sobre Gilberto García, acusado de ser el número 2 del Cártel del Golfo y que fue detenido en la población Guardados de Abajo, en Camargo, Tamaulipas.
La acusación de la PGR y de la justicia militar señaló que Martínez Perea le daba protección y que en un cateo previo le avisó, a través del capitán Maya y el teniente Quevedo, para que escapara.
El general sostiene que la PGR y la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) mintieron.
Afirma: El general retirado Macedo de la Concha, entonces a cargo de la PGR, “se había parado el cuello con Vicente Fox de que él no tenía miedo a los generales” para enfrentar al narcotráfico. “Lamentablemente con nosotros sí pudo porque se unió con la PGJM”.
El entonces titular de la PGJM, el general Jaime López Portillo Robles, declaró a la prensa que el general y sus oficiales habían sido consignados ante el juez tercero Militar, el coronel Luis García Arévalo, por delitos contra la salud y acopio de armas.
“Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias y agotaremos todas las instancias, con tal de dar con todos los implicados”, aseguró el procurador militar al periódico Reforma luego de que se anunciara la detención de Martínez Perea.
La justicia militar cumplió: lo mantuvo en prisión hasta el último día de la condena de 15 años de prisión, sin importar las violaciones procesales en el caso y sin más prueba que un anónimo, en el que por lo demás no se le menciona.
El 10 de febrero del año pasado, un peritaje de la propia justicia militar desacreditó a ese anónimo, el cual Martínez Perea quiere hacer valer para el reconocimiento de su inocencia.
Para él no hay duda de que en sus labores de aseguramiento “pisé algo que no debía”. Cuenta que también a través de la televisión en la prisión militar se enteró de una publicación de la revista Proceso en la que Vicente Fox aparecía en una fotografía con el entonces gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington y Rolando Pérez Salinas, El Rolis o El Role.
“Ahora resulta que Yarrington está acusado de protección y colaboración con el narcotráfico cuando yo era comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizado”, mientras que Pérez Salinas fue señalado también como narcotraficante, dice.
Sobre las violaciones a su proceso señala que cuando lo arrestaron no fue informado de las acusaciones, además de que se le detuvo sin orden judicial de aprehensión. Más aún, lo mantuvieron incomunicado por más de 48 horas.
Las intimidaciones
Martínez Perea asegura que la justicia militar lo intimidó al decirle que el capitán Maya y el teniente Quevedo ya habían declarado en su contra.
Al inicio de la acusación, refiere, el gobierno de Fox difundió información en los medios para insistir en los cargos, y siempre fue tratado como culpable tanto por la justicia militar como la civil, sin que se le diera acceso a su expediente al inicio del proceso penal.
Más grave aún, dice, es que no le permitieron tener como prueba un careo con Gilberto García Mena. La justicia militar alegó que no había capacidad para trasladarlo al penal del Altiplano, donde entonces estaba El June.
Martínez Perea afirma que la justicia militar también presentó en su contra testigos de oídas, así como a elementos del 21 Regimiento de Caballería que fueron torturados para que lo acusaran; la señala también de haber sido omisa ante declaraciones, frente al Consejo de Guerra, de policías judiciales militares en el sentido de que no pudieron corroborar la información del anónimo, hecho llegar desde la Ciudad de México a la Sección Segunda del Ejército, la encargada de la información de inteligencia.
Asegura que en su caso se presentaron 52 testigos y 20 testimonios de civiles, ninguno de los cuales, dice, hizo imputación alguna en su contra.
Al inicio del proceso, el general Vega García –entonces titular de la Sedena– recibió a su esposa y a dos de sus hijas. Les pidió que esperaran porque la noticia sobre su detención la había mencionado el presidente de la República en el extranjero.
En una segunda audiencia con los familiares de Martínez Perea, el general Vega actuó. “A ver, le dijo a uno de sus ayudantes: habla con el procurador (militar) para que (Martínez) Perea ya se vaya a trabajar otra vez. Hasta los acompañaron en un auto oficial cuando salió de la Sedena”, refiere el general.
Sin embargo, “a los cinco o seis días me convocaron a Consejo de Guerra, donde fui condenado a 15 años de prisión”.
