CHETUMAL, Quintana Roo, 31 de julio.- Para combatir la ocupación irregular de terrenos en Quintana Roo problemática que ha prevalecido por la falta de certeza jurídica y la presencia de grupos que representan intereses diversos el Gobierno del estado ha implementado medidas para garantizar un desarrollo urbano adecuado, informó José Alberto Alonso Ovando, titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro).
El funcionario explicó que a ocupación irregular de terrenos en Quintana Roo ha sido una consecuencia de la falta de atención de gobiernos pasados, lo que permitió la multiplicación se asentamientos irregulares en áreas pertenecientes al estado y a particulares. Sin embargo estas conductas se han logrado contener, a pesar de los conflictos generados por líderes de grupos con el gobierno.
“Yo creo que está contenido en este momento solo es algunos puntos detectados, prácticamente hemos tenido comunicación con algunas familias, muchos están buscando la regularización con el estado, o con quien sea propietario de la tierra que han obtenido de manera irregular, la gran mayoría de esa tierra en Mahahual es del estado, y estamos mediando como resolver esa situación”, dijo.
Alonso Ovando indicó que las autoridades trabajan en la planificación del Desarrollo Urbano, en colaboración con las áreas municipales y las sedes estatales. El objetivo es establecer los Planes de Desarrollo Urbano (PDU) adecuados y asignar los usos de suelo correspondientes, tales como viviendas, comercios, industrias y restaurantes.
En relación a las comunidades de Huay Pix indicó que se han logrado avances significativos en la titulación de los terrenos de manera directa con el gobierno federal por tratarse de un Ejido. Sin embargo, todavía existen áreas extensas, como en el caso de Bacalar, que están destinadas al crecimiento urbano, pero carecen de títulos de propiedad.
“Bacalar comenzó la liberación de superficies de uso común para su desarrollo adecuado. Este proceso requiere una participación activa por parte de los municipios y una coordinación efectiva entre las autoridades”, indicó.
Es importante destacar que la ocupación ilegal de terrenos es un delito contemplado en el código penal estatal. Por lo tanto, las autoridades están tomando medidas para abordar esta situación y proteger los derechos de todas las personas involucradas.