CANCÚN, Q. ROO.- El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo asestó el primer revés judicial a la discrecional partida de ‘Ayudas sociales’ que ejerce el Congreso del Estado.
A través de una suspensión definitiva, las integrantes del organismo Janet Aguirre Dergal, Mariana Belló y Alejandra Rodríguez Campirán obtuvieron medidas cautelares que obligan al Poder Legislativo a reportar a un juez federal los apoyos económicos que se entregan a la población.
Los efectos de la medida cautelar impone a los diputados locales la obligación judicial de remitir a un juez federal toda la información sobre el destino de los recursos, como el monto entregado, conceptos y beneficiarios, la cual se negaba a ser transparentada.
Las medidas cautelares concedidas son las primeras en la entidad contra el rubro de gasto denominado “44000 Ayudas sociales”, que autoriza a los legisladores a repartir discrecionalmente una bolsa de 99 millones 572 mil 500 pesos aprobada en el Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado para 2022.
De acuerdo con el amparo 29462778 radicado en el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Quintana Roo, el reclamo jurídico fue contra el incierto destino de los recursos contemplados en el diverso anexo 190 del Anexo 11 del presupuesto del Poder Legislativo publicado el 11 de enero del presente año.
El amparo fue presentado por Mariana Belló en calidad de representante común de las quejosas el primero de febrero pasado, y del cual se le concedió primero la suspensión provisional (día 3) y luego la definitiva el último día de febrero, a las 13:35 horas.
El principal argumento del juez para conceder la protección federal, fue que el destino de esos recursos es poco claro, lo que transgrede los artículos 109 y 113 constitucionales, de acuerdo con el escrito elaborado por José Roldán López, Doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y cuyo seguimiento lo atenderá el abogado de la organización ‘Cultura Cívica’, Francisco Colunga.
En el artículo 109 de la Carta Magna se contemplan sanciones a los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidades frente al Estado, como el juicio político o por la comisión de delitos por hechos de corrupción, que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
El artículo 113 dicta que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.
Contra la falta de transparencia de la misma partida legislativa hay radicados otros cuatro amparos activos interpuestos por ciudadanas y organizaciones civiles del estado.
En el Juzgado Octavo de Distrito bajo el caso 29462392 se radica el reclamo de las ciudadanas Alicia Mateos Guzmán, Linda del Mar García Gual, Celina Izquierdo Sánchez y Yeddelti Zulemi Cupul Alonzo, cuya suspensión provisional le fue negada el 15 de febrero pasado.
En el Juzgado Cuarto de Distrito, bajo el amparo 29462392, la organización ‘Cultura Cívica de Quintana Roo’ solicitó la misma protección jurídica en un caso que fue desechado, pero que se interpuso la queja 29588685 ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
En el Juzgado Séptimo, en el amparo 29461358 la organización civil ‘Ciudadanos por la Transparencia’ también se le negó la suspensión provisional (15 febrero) y la definitiva (16 marzo).
Por último, en el Juzgado Segundo de Distrito mediante el amparo 29461358, al ‘Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el Desarrollo, A.C.’ igualmente les fueron negadas la suspensión provisional (3 febrero) y definitiva (2 marzo).
Fuente: Luces del Siglo
