Resulta increíble la profesionalización de nuestros políticos para burlar, cambiar o tergiversar la ley para beneficio propio o de grupos políticos. Ser jueces y partes. Hemos visto así pasar Casas Blancas, Paquetes de Impunidad y una lista interminable de maniobras, algunas muy legales, pero éticamente reprobables desde el más pueril sentido común.
Desde este portal hemos dado cuenta de lo que podría suceder en la Comisión Estatal de Derechos Humanos: quien era presidenta de la Comisión en el Congreso del Estado, Judith Rodríguez Villanueva haya modificado la ley para poder ser elegible, y que además, esto sea parte de un pacto político de intercambio de favores: la aprobación del asesor jurídico del Estado, Jesús Antonio Villalobos Carrillo, como inminente magistrado del Tribunal Administrativo. Acuerdos dexit entre Morena y PAN-PRD.
Espíritu de reforma: elección con sociedad civil
Para entender un poco este enredo, habría que recordar que en 2017 la diputada Eugenia Solís, PAN, presentó la iniciativa para modificar los artículos 15, 16 y 17 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El espíritu de esta reforma tiene que ver con la autonomía del órgano. Partiendo en que ello arranca desde su elección. “Resulta esencial que la elección de su titular o presidente esté ausente de la influencia de los partidos políticos”; dice la propuesta que fue aprobada el 31 de enero.
“Si bien el Congreso designa dicho presidente, resulta excesivo que éste poder lo postule y elija a la vez. Se propone que la postulación emane de la propia sociedad y la organización de la sociedad civil”.
Propone además excluir a servidores que por el desempeño de algún cargo dentro del área de administración pública pudieran presentar un conflicto de interés para participar en el proceso de designación. Y enumera que para dicho cargo deben quedar exentos: Secretario, Director General o su equivalente en la Administración Pública Paraestatal, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, ni presidente municipal, durante el año previo al de su designación.
Modificación para hacer un traje a modo
En la actual legislatura la legisladora la presidenta de la Comisión, Rodríguez Villanueva, propuso modificaciones a la ley (junto a la diputada Atenea Gómez Ricalde, ahora alcaldesa en Isla Mujeres) que eliminaron requisitos contenidos en la propuesta original, entre ellos, el que un diputado pueda ser propuesto para ocupar la presidencia de la CEDH.
Los artículos reformados quedaron asentados en el Decreto 131 de septiembre de 2021.
Un día antes de que fuera publicada la convocatoria, la legisladora tomó licencia y dejó trascender que su elección sería legal, dado que no había impedimento que frenara su designación política, con total respaldo de Morena, Partido Verde y PT. Sin embargo, existiría un más que evidente conflicto de interés, al haber sido parte de la elaboración de la convocatoria en la que ella misma participaría.
Conflicto de interés
Para el catedrático Efrén Chávez Hernández existe un conflicto de interés en aquella situación en la que las pretensiones personales del legislador puedan afectar una decisión a su cargo. Según este autor, lo determinante para que exista un conflicto de intereses es que la decisión que tome esté orientada, no por el interés público o fin del acto, sino por el interés personal, es decir, que las decisiones se tomen por motivaciones subjetivas y no de manera objetiva, con miras al interés público.
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el artículo 8° fracción XI, establece que todo servidor público tendrá como obligación excusarse de intervenir, por motivos de su encargo, “en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos”.
Agresores de periodistas: funcionarios públicos y políticos
En 2018 Artículo 19 publicó un trabajo exhaustivo sobre las agresiones a periodistas intitulado: “Democracia simulada, nada que aplaudir”, en el que ofrece estadísticas a tener en cuenta: de 1986 agresiones registradas en los últimos 5 años del reporte, 8 por ciento fueron cometidas por el narcotráfico y 48 por ciento por funcionarios públicos o políticos.
Es por ello que contar con una Comisión Estatal autónoma, es decir, autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene por objeto esenciales para la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos.
En la misma ley de 2017, que prácticamente fue extinguida en su parte medular, se sustentaba en su propuesta original en que la Comisión de los Derechos Humanos es un órgano autónomo con especialización en su área, que no debe guiarse por intereses partidistas o situaciones coyunturales, “En la medida que un órgano autónomo tenga independencia con respecto a los otros poderes tradicionales y se evite cualquier injerencia gubernamental o de otra índole, se asegura y se garantiza la autonomía”.
Del Paquete de Impunidad a Derechos Humanos
Sesión en Hotel Congreso
Cuando el Congreso de Quintana Roo sesionó en un hotel para concretar el llamado Paquete de Impunidad, en el que se designaron al fiscal, contralor y magistrados. De esa sesión fue parte Judith Rodríguez Villanueva, Hernán Villatoro, actuales diputados del Partido Verde y PT.
La participación de la diputada (ahora de licencia) en el Paquete de Impunidad de Roberto Borge quien además era su jefe político, y en cuyo quinquenio se perpetraron groseros abusos a los derechos humanos, la hace ya inelegible para el cargo.
En esa sesión, que se desarrolló en un hotel a espaldas de la sociedad, se impusieron cargos transexenales como el fiscal, el contralor y magistrados (cuyas imposiciones no pudieron revertirse). Además, durante ese lapso fueron entregadas notarías a granel, algo que documentó en ese entonces Grupo Pirámide.
https://grupopiramide.com.mx/columnas/derechos-humanos-quintana-roo-2/
